Solbes acusa a la comisión Intelhorce de ser un instrumento de acoso político

El ministro de Economía, Pedro Solbes, defendió ayer ante la comisión parlamentaria la venta de Intelhorce con un ataque: a los miembros de dicha comisión, a quienes acusó de usar el caso "para ejercer un acoso político adicional". En su opinión, del análisis de la documentación y dila reconstrucción de los hechos "no se deducen más que responsabilidades penales de las que ya está entendiendo el juez.

Solbes se mostró convencido de que la comisión. no va a encontrar responsabilidades políticas en la actuación del exministro Carlos Solchaga. El actual titular de Economía, que es responsable de esta cartera desde julio dé 1993, recalcó que la "sociedad textil tenía una viabilidad imposible pese, a que a lo largo del tiempo se han ensayado múltiples soluciones, públicas y privadas. El. resultado final es lamentable con una empresa. liquidada y actuaciones judiciales con personas en prisión".El diputado del PP, Pablo Izquierdo, recordó que la empresa malagueña fue vendida en 1989 por 2.000 millones, cuando su valor patrimonial era de 18.000, a dos sociedades, Benorbe y Benservice, que desviaron las ayudas públicas y cuya mala gestión hizo que Patrimonio del Estado se tuvie ra que hacer de nuevo cargo de la empresa en 1992.

En la actualidad, la antigua Intelhorce, hoy llamada General Textil Española, se halla en proceso de liquidación, con los contratos de la plantilla rescindidos. La Junta de Andalucía intenta reunir un grupo de empresas que retomen la actividad industrial de la sociedad.

En el proceso judicial se haIla imputado el presidente de las sociedades Benice y Benservice, Giovanni Orefici, en la cárcel desde marzo, así como el ex presidente de Improasa y otros directivos relacionados con la operación. Izquierdo denunció ante la comisión que la compra de Intelhorce estuvo avalada por el Banco Exterior con fondos públicos que pignoró para asegurarse su pago por valor de 1.921 millones.

Cúmulo de despropósitos

José Luis Centella, de IU, afirmó que el caso Intelhorce demuestra lo fácil que resulta engañar a un Gobierno. En su opinión, la textil malagueña fue vendida al "primer indocumentado que paso por allí" porque al Ejecutivo "le quemaba en las manos". Jon Zabalía, del PNV, señaló que lo ocurrido con esta empresa es "un cúmulo de despropósitos" y añadió que el proceso de privatización debería estar más controlado por el Parlamento. El representante popular insistió que el Gobierno conocía desde el principio, la insolvencia de los grupos Benorbe y Benservice y prefirió avalar con fondos públicos para intentar desentenderse del problema.Solbes replicó que si no se resolvió el contrato ante el impago del primer plazo por parte de Orefici fue para no provocar el cierre de la empresa. Solbes dijo que la venta de la empresa por 2.000 millones se hizo porque no había ningún comprador y reconoció que las ayudas se dieron sin comunicarlo a la Comisión Europea.

La Junta de Andalucía se comprometió ayer con los siete grupos interesados en la empresa y los sindicatos a subastar los activos en tres meses.