El 70% de los insumisos presos seguirá en la cárcel con el nuevo Código Penal

El 70% de los insumisos seguirán en la cárcel cuando, dentro de seis meses, entre en vigor el nuevo Código Penal, ratificado el pasado miércoles por el pleno del Congreso de los Diputados. Al contrario de lo que se anunció inicialmente, el texto recién aprobado mantiene la pena de prisión para quienes se nieguen a realizar el servicio militar pese a suprimirla para los que no cumplan la prestación social sustitutoria (PSS).

Según el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), sólo el 30% de los más de 300 insumisos presos en las cárceles españolas lo son por este segundo delito, por lo que podrán salir de prisión con esta reforma legal. No obstante, tanto los insumisos a la mili como a la PSS se enfrentan a un nuevo castigo: la inhabilitación absoluta por un mínimo de ocho años y un máximo de 14.En España, en la actualidad, hay 323 insumisos presos, según concreta la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, que, por el contrario, asegura no disponer de datos desglosados sobre cuántos de ellos lo son por negarse a cumplir el servicio militar y cuántos por no querer cumplir la prestación social sustitutoria (PSS). Por su parte, el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) tiene registrados en sus archivos 305 reclusos y afirma que el 70% de ellos son insumisos a la mili.

La cifra de los del tercer grado, es decir la de aquéllos que tan solo acuden a la cárcel para dormir, oscila entre 285, según la Administración, y 259, según el MOC.

Mientras la legislación vigente castiga con la misma pena las dos clases de insumisión (de dos años, cuatro meses y un día a seis años de encarcelamiento), el nuevo Código Penal trata de forma radicalmente distinta a una y otra conductas.

Los insumisos al servicio militar seguirán yendo a prisión, por un periodo mínimo de seis meses y uno máximo de dos años, salvo que los jueces apliquen de forma generalizada la remisión condicional de la condena. Además, quedarán inhabilitados, por un plazo de entre diez y 14 años, para tener acceso a empleos públicos y poder recibir becas o subvenciones.

Por el contrario, los insumisos a la prestación social sustitutoria, o sea quienes, habiéndose declarado objetores de conciencia, se niegan a realizar el servicio civil, no pisarán el presidio, pero tendrán que hacer frente a una multa de entre 12 y 24 meses (en función de su nivel de renta, un mínimo de 72.000 pesetas y un máximo de 36 millones) y a la inhabilitación por un espacio de ocho a 12 años.

La aplicación del nuevo Código Penal será polémica, en opinión del abogado Juan Carlos Rois, que se ha especializado precisamente en la defensa de los insumisos.

Cuando se produce un cambio legal, los tribunales aplicar de oficio la norma más favorable para el reo partiendo de la base de que la privación de libertad se considera siempre la pena más grave.

Sin embargo, no es seguro que para todos los jóvenes sea peor pasar algunos meses en prisión, la mayoría de las veces en régimen abierto, que verse impedidos durante una serie de años de obtener una beca o peder acceder a un empleo de carácter público.

Aunque habitualmente se le pregunta, la opinión del penado no es vinculante, por lo que puede darse el caso de que el juez termine perjudicando al insumiso en cuestión so pretexto de favorecerle.

"Muerte civil"

Rois duda además de que sea constitucional el castigo de la inhabilitación, calificado por los insumisos como una "muerte civil", ya que, en su criterio, no se ajusta a los principios de proporcionalidad, justicia y equidad que deben caracterizar a las penas. Finalmente, cree que, contra lo pretendido por el Gobierno, esta reforma traerá un incremento de la conflictividad.El Movimiento de Objeción de Conciencia ha rechazado de plano el nuevo Código Penal, ya que considera que en él se pretende dividir a los insumisos estableciendo condenas diferentes para quienes rechazan el servicio militar y la prestación social sustitutoria; ocultar la represión a la opinión pública, suavizando en un caso y suprimiendo en otro la pena de cárcel, y arrastrar a un buen número de jóvenes a la marginalidad, dificultando su formación y su acceso al mercado de trabajo en un momento decisivo para encauzar su vida futura.

Ante esta situación, el MOC se propone "hacer inaplicable el Código Penal" mediante una campana conjunta con los sindicatos y otras fuerzas sociales destinada a impedir que los ayuntamientos o las empresas públicas se nieguen a contratar a los insumisos.

Igualmente, se plantea fomentar y organizar la deserción, un fenómeno frecuente en el Ejército y que, sin embargo, carece de connotaciones ideológicas y obedece la mayor parte de las veces a motivaciones puramente individuales.

"Frente al propósito de esconder la insumisión en una especie de agenda oculta, nuestra respuesta podría ser devolverla al interior de los cuarteles, a los tribunales y a las prisiones militares, donde estaba antes de que la trasladaran a la jurisdicción civil para reducir su popularidad", advierte un destacado miembro del MOC.