Más penas y nuevas conductas reprimidas

El nuevo, Código Penal aumenta las penas para los delitos de corrupción y crea nuevos supuestos de conductas penalizables. En el delito clave de la corrupción, el cohecho, se eleva la pena para el funcionario a un máximo de seis años de cárcel, multa de hasta el triple de la dádiva solicitada o recibida e inhabilitación para empleo o cargo público de siete a 12 años. Los que pretendan corromper a las autoridades o funcionarios serán castigados con las mismas penas de prisión y de multa.Entre los supuestos de malversación se incluye uno inspirado en el caso Juan Guerra: se castiga con de uno a tres años, de cárcel e inhabilitación para cargo público de tres a seis años a la autoridad o funcionario que, "con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o muebles, pertenecientes a cualquier administración o entidad estatal, autonómica o local u organismos dependientes".

Con la misma pena de cárcel y la de inhabilitación hasta 10 años se castigará a la autoridad o funcionario que intervenga en una contratación pública, "cuando se concertara con los interesados o usare de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público". La autoridad o funcionario que aproveche su intervención para participar, directamente o por persona interpuesta, en el contrato o negocio, será multado con hasta 315 millones e inhabilitación hasta cuatro años.

También será multado, con hasta 18 millones, y suspensión de cargo público hasta tres años, el funcionario que realice, por si o persona interpuesta, una tarea de asesoramiento permanente o accidental a entidades privadas o de particulares en asunto en que deba intervenir, o haya intervenido por razón de su cargo.

La autoridad o funcionario que haga uso de un secreto que conozca por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener beneficio económico para sí o para un tercero, será multado con hasta el triple del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitado para cargo público hasta cuatro años. Por delito de tráfico de influencias se castiga con hasta un año del cárcel e inhabilitación hasta seis años al funcionario que influyere en otro "para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". La multa será de hasta el doble del beneficio obtenido o perseguido.