La declaración sobre operaciones de más de 500.000 pesetas se adelantará a febrero

Los empresarios y profesionales tendrán que declarar a Hacienda sus operaciones con terceros de más de 500.000 pesetas en el mes de febrero y no en abril, como hasta ahora. De esta forma, la Agencia Tributaria quiere disponer de más tiempo para cruzar la información y detectar fraudes antes de que se presente la declaración del IRPF (en junio) y de que se produzcan las devoluciones del IVA (agosto). El ministerio tiene, por otra parte, prácticamente descartado subir las retenciones a profesionales -del 15% al 20%- y a consejeros de empresas -al 40%- tal como está previsto en otro proyecto de real decreto.

El proyecto de real decreto por el que se regula la declaración anual de operaciones de compra y venta con terceros mantiene en 500.000 pesetas el límite a partir del cual los empresarios y profesionales deben informar a Hacienda. Se trata de una declaración anual con efectos únicamente informativos; es decir, no supone el pago de impuestos. Para la Agencia Tributaria, que dirige Juana Lázaro es un instrumento fundamental para detectar fraudes, sobre todo en el impuesto sobre el valor añadido.La patronal CEOE, en las observaciones al decreto remitidas a Hacienda, considera que la cantidad de 500.000 pesetas anuales ha quedado ampliamente desfasada ya que está vigente desde el año 1970. Los empresarios argumentan que este deber de colaboración representa un coste fiscal indirecto porque es un servicio que se presta a Hacienda de forma gratuita y, por lo tanto, debe guardar cierta proporcionalidad.

Hacienda recibe cada año unas 900.000 declaraciones de este tipo y las procesa con el fin de detectar incongruencias. Si una empresa o un profesional dice que ha vendido o ha prestado un servicio por una cantidad de dinero a otra, la declaración de ésta debe recogerlo como compra. En caso contrario se pone en marcha una inspección y se paralizan las devoluciones.

Con el adelantamiento en dos meses de la fecha en que es obligatorio presentar esta declaración, Hacienda quiere tener más tiempo para cruzar la información recibida de forma que esté disponible a tiempo real y antes de que se presente la declaración del impuesto sobre la renta en junio y de que se produzcan las devoluciones del IVA, en agosto. Fuentes de Hacienda señalan qué el plazo del mes de febrero aún no está cerrado y dan como posible la fecha de marzo.

Los empresarios consideran que el plazo de febrero es insuficiente ya que debería suministrarse la información apenas dos meses después de haber cerrado el ejercicio. Piden que se mantenga la actual fecha de abril. También están en contra de que se incluya a las asociaciones empresariales entre los obligados a presentar la declaración, aunque ésta sólo se pide para las operaciones realizadas al margen de cualquier actividad empresarial o profesional. Igualmente critican la obligación de incluir en la declaración los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores.

Coste político

Hacienda, por otra parte, ha elaborado otro proyecto de real decreto por el que se elevan del 15% actual al 20% las retenciones del impuesto sobre la renta para profesionales y se establece una retención del 40% para las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración o juntas de empresas.En este proyecto se modifican también los plazos para presentar la declaración de retenciones efectuadas a cuenta del impuesto sobre la renta que pasa a ser mensual en todos los casos. En la actualidad, esta declaración se presenta cada trimestre por las empresas, que facturan menos de 1.000 millones de pesetas y cada mes por las que superan esta cifra de negocios.

Sin embargo, Hacienda tiene prácticamente descartado llevar adelante esta medida ya que "el momento no lo aconseja" según fuentes del ministerio. Con la vista puesta en las próximas elecciones generales a celebrar, previsiblemente, el próximo mes de marzo, el aumento de las retenciones se considera una medida con un coste político que no merece la pena asumir, dado el rechazo que ha suscitado entre los colectivos afectados.