Las abogadas piden que el trabajo doméstico sirva para el tercer grado
El 9º Congreso de letradas exige restar discrecionalidad al juez en los divorcios
Pura contradicción. Si las ocupaciones domésticas están consideradas un trabajo, ¿por qué no se estiman como tal en beneficio de las reclusas que pueden optar al tercer grado, a las que ahora se exige disponer de un contrato laboral? La Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas de España acordaron ayer solicitar oficialmente al ejecutivo que introduzca esta variante en el sistema penitenciario, de forma que se asimile el trabajo doméstico al trabajo exterior para conseguir el régimen abierto.
La medida permitiría a las presas que trabajan en casa gozar de los días y fines de semana en libertad, sin necesidad de ser contratadas con carácter previo.
El 9º Congreso de Mujeres Abogadas se clausuró ayer en Alicante, después de tres días de debate entre 250 letradas de toda España. Las abogadas (47% del colectivo de letrados) celebran foros de debate anuales desde 1987, cuando la Comisión de mujeres abogadas de Barcelona dio el primer paso para discutir sobre nuevas técnicas reproductoras, violaciones y agresiones en el ámbito laboral.
Las conclusiones de estos encuentros suelen tener eco entre los legisladores y son remitidas al Consejo General de la Abogacía, Consejo general del Poder Judicial, Parlamento, Senado, tribunales Supremo y Constitucional y al Ministerio de Justicia. Muchas de sus resoluciones han quedado recogidas en el nuevo Código Penal, "lo que nos alienta a seguir trabajando, en conceptos de igualdad y no discriminación", señaló ayer la presidenta del congreso de Alicante, Emilia Caballero.
Otra de las resoluciones que pronto llegarán al despacho del ministro de Justicia, radica en que 1a nueva Ley del Divorcio que tenga, que venir" reste, discrecionalidad a los jueces. Las abogadas proponen aplicar una fórmula aritmética basada en baremos objetivos. La aplicación de una sencilla división determinaría qué parte de los ingresos familiares iría a parar a manos de la persona que permanece en el domicilio familiar al cuidado de los hijos, y que parte a la pareja.
El beneficio "inmediato" de la norma pautada sería, para las mujeres abogadas, "una rápida normalización familiar". De paso, disminuiría la actual discrecionalidad de los jueces, de cuya consideración personal depende ahora el montante de las pensiones.
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