Las abogadas proponen baremos para fijar las pensiones alimenticias

Poner fin al problema que supone para los jueces fijar la cuantía de las pensiones de alimentos a favor de los hijos y del cónyuge en separaciones y divorcios, parece ahora más sencillo. La Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas de España, que celebra en Alicante su 9º congreso, propuso ayer aplicar una simple operación aritmética que, basada en baremos, acabaría con la indeterminación.

La propuesta figura destacada en una ponencia que recoge alternativas a la Ley del Divorcio que contribuyan a eliminar desigualdades, defendida en el congreso por las letradas María Dolores Aguilar, María Teresa Suils y María José Varela. Las abogadas plantean dividir la totalidad de los ingresos familiares en tantas cuotas como miembros tenga la familia, a las que se añadirían dos más en concepto de cuota por trabajo o dedicación a los hijos y la llamada cuota de vivienda. Así, al progenitor que consiguiera la guarda y custodia de los hijos comunes se le asignaría una cuota extra, idéntica a la que percibiría el cónyuge que deba salir de la vivienda familiar.Por ejemplo, una separación o divorcio que afectara a un matrimonio y dos hijos, con unos ingresos de 300.000 pesetas mensuales, el cónyuge que asumiera la custodia de los niños en la casa percibiría 200.000 pesetas (50.000 por cada hijo, otras tantas por él mismo y 50.000 más por la cuota de trabajo), mientras el cónyuge obligado a irse recibiría las otras 100.000 pesetas, por su cuota personal y la cuota vivienda. Las ponentes explicaron que su propuesta pondría fin a la discrecionalidad judicial, "que la experiencia nos demuestra muy perjudicial" y, sobre todo, a las "graves e injustas" situaciones ante separaciones por la distribución poco equitativa" de los medios económicos, incluso con mutuo acuerdo.

Las modificaciones propuestas incluyen también un plazo de la pensión compensatoria, por un tiempo igual a los años de matrimonio. Sobre los hijos, las abogadas señalan que, si es un bebé, niño o niña hasta 7 años, se atribuya su cuidado a la madre, salvo acuerdo contrario o razones especiales. En niños mayores, para fijar la custodia y régimen de visitas se tendrían en cuenta la dedicación pasada de cada progenitor, la disponibilidad de horario y la no implicación de los niños en el conflicto.

En el congreso participan 250 letradas, que intentan reformular los conceptos de igualdad y no discriminación sexual. Para Emilia Caballero, presidenta del congreso, la desigualdad en el mundo judicial es "una evidencia". El colectivo femenino representa el 47% de los profesionales del Derecho. Pero en el Consejo General de Abogacía es un 2% (una sola mujer), y sólo el 19,3% de los magistrados son mujeres, por un 38% de hombres. La representatividad en el Supremo y Constitucional es nula.

"Sentencias como la de Luxemburgo [recientemente el tribunal de Justicia de la UE consideró que la discriminación positiva de la mujer es ilegal cuando se aplica de forma absoluta e incondicional] suponen un retroceso importante", señaló ayer la organización, que cuestiona incluso la legitimidad del tribunal europeo.