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INVESTIGACION DE LA GUERRA SUCIA

Pertierra eleva hoy al Tribunal de Conflictos el contencioso sobre el Cesid rechazado por Garzón

El ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, elevará "cuanto antes" probablemente hoy mismo, a la Sala de Conflictos de Jurisdicción, ubicada en el Tribunal Supremo, el contencioso sobre los papeles del Cesid, que ayer se negó a admitir a trámite el juez Baltasar Garzón. Fuentes de Moncloa y del Ministerio de Defensa insistieron en que Garzón carece de competencias para rechazar la admisión a trámite del conflicto, por lo que se ha extralimitado en sus funciones. El Gobierno ha descartado la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto dictado por Garzón.

Según el Gobierno, si se presentó el conflicto de jurisdicción ante Garzón no era para que éste lo admitiese a trámite, sino, para que dijera si se inhibía de conocer los documentos del Cesid sobre la guerra sucia, que por cuatro veces ha reclamado sin éxito, o, si persistía en demandarlos.El artículo 10.4 de la ley orgánica de 18 de mayo de 1987, que regula los conflictos de jurisdicción, señala que el juez, "recibido el requerimiento", y una vez oída la opinión de las partes y del fiscal, "dictará auto, en el plazo de cinco días, manteniendo o declinando la jurisdicción". Nada dice, sin embargo, sobre la admisión o no a trámite.

Si Garzón, agregan las mismas fuentes, hubiese declinado la jurisdicción; es decir, si hubiera renunciado a seguir pidiendo los documentos secretos del Cesid, se habría acabado el conflicto.

Es ahora, por tanto, ante la negativa de Garzón a inhibirse, cuando se plantea el conflicto de jurisdicción ante la única instancia competente para conocerlos: la sala de Conflictos Jurisdiccionales; integrada por tres magistrados del Suprema y tres miembros del Consejo de Estado, que preside, con voto de calidad, el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Pascual Sala.

Contra la sentencia de la Sala de Conflictos, que se dictará en un plazo de entre 20 días y dos meses, sólo cabe recurso de amparo ante el Constitucional:

En favor de la tesis de que Garzón se ha extralimitado en sus funciones al no admitir a trámite el conflicto, fuentes gubernamentales citaban ayer como precedente la polémica sobre los micrófonos instalados en los locutorios de la prisión de Alcalá Meco (Madrid).

El juez de vigilancia penitenciaría número 3, Franciso Racionero, se negó a admitir, el pasado diciembre, el conflicto de jurisdicción planteado por la Delegación del Gobierno en Madrid contra su orden de que dichos sistemas de escucha y grabación fuesen desmantelados. El Gobierno recurrió a la Sala de Conflictos y ésta resolvió el pasado 28 de junio en favor de la legalidad de dichos sistemas.

Los servicios jurídicos de Defensa estudiaron ayer detenidamente el auto de 14 folios dictado por Garzón y adelantaron, tras un primer análisis, que la argumentación del juez "no se sostiene". En contra de lo que éste afirma, el conflicto de jurisdicción "es real,y está bien formulado", según Defensa, ya que el juez ha reclamado hasta en cuatro ocasiones documentos "cuyo carácter secreto no reconoce", lo que supone "una clara invasión de competencias".

Las fuentes consultadas declinaron pronunciarse sobre los juicios de intenciones y descalificaciones contenidos en el escrito de Garzón, que acusa al ministro Suárez Pertierra de pretender con su actitud "la consumación de un auténtico fraude de ley".

El ministro conoció ayer el auto de Garzón poco antes de reunirse con la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de noviembre de 1995

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