Garzón rechazará el conflicto planteado por Pertierra, pero duda sobre la forma de hacerlo

El juez Baltasar Garzón decidirá esta semana sobre el conflicto de jurisdicción que le planteó el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, con el fin de no entregarle los documentos que el magistrado había reclamado al Cesid sobre la guerra sucia contra ETA. Ante el escrito presentado por Defensa, Garzón duda todavía si no admitirlo de plano, por contener defectos de fondo y forma que lo hacen improcedente de principio, o admitirlo a trámite pero rechazar el conflicto por considerar que él es el competente para investigar el caso Monbar y los delitos cometidos por los GAL y está facultado para ex¡gir que le aciliten los documentos del Cesid. El magistrado, en cualquier caso, se mostrará contrario a la postura de Defensa.

Fuentes jurídicas han asegurado que el magistrado se inclina más por la postura, sostenida por el fiscal, Pedro Rubira, de que todo el asunto se resuelva en la jurisdicción penal y no vaya a la sala de conflictos. El razonamiento se basa en que el caso Monbar -sobre los asesinatos de cuatro etarras por los GAL, y en cuya investigación se han solicitado al Cesid y a Defensa los documentos- sólo puede ser investigado por jueces y tribunales y Defensa no tiene ningún expediente abierto por el que reclamar las actuaciones.El fiscal considera que el conflicto no es tal, sino que, a su entender, obedece a la respuesta de una persona enfadada. El juez, según explicaba Rubira, al reclamar los papeles del Cesid no se atribuía ninguna competencia que correspondiera a la Administración o al Consejo de Ministros, ya que en ningún momento reclamaba para él la clasificación o desclasificación de documentos secretos, sino que Garzón reclamaba la colaboración con la justicia del ministro de Defensa para que removiese los obstáculos en este caso la clasificación de secreto, de los documentos que solicitaba.

Secreto y delito

A esta postura se añadía que el ministro de Defensa no está legitimado para plantear el conflicto, ya que las atribuciones del Consejo de Ministros deben ser defendidas por su titular, el presidente del Gobierno, según argumentaban el fiscal y la acción popular. Todo ello se enmarca en la resolución del Tribunal Supremo sobre la investigación de los fondos reservados, en la que se señalaba que no deben quedar espacios impunes y que no se puede alegar la ley de Secretos Oficiales para negar documentos en la investigación de un delito.En caso de que Garzón se decidiera, como parece probable, por la inadmisión del escrito, cabría recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya resolución sería firme. El recurso sólo podría ser interpuesto por alguna de las partes personadas en el proceso, aunque no es previsible, puesto que el abogado del ex director del Cesid, general Emilio Alonso Manglano, no se pronunció sobre el conflicto, y el del coronel Juan Alberto Perote mantiene una postura ambigua.

La otra opción que baraja el juez de la Audiencia Nacional, aunque cuenta con menos posibilidades, es la de admitir a trámite el conflicto y remitirlo a la. sala integrada por magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, pero rechazando el fondo de la cuestión, es decir, manteniendo que el propio Garzón está legitimado para solicitar la información y obtenerla.

Fuentes del Ministerio de Justicia e Interior y de Defensa consideran que si el juez instructor del caso GAL en el Tribunal Supremo, Eduardo Móner, reclamase los papeles del Cesid -la acción popular ya le ha pedido que los requiera al Cesid y está pendiente de informe del fiscal- Defensa podría ampararse en el hecho de que ya está planteado conflicto de jurisdicción por el mismo asunto.

Fuentes jurídicas, sin embargo, consideran que una negativa a un hipotético requerimiento de Móner por parte del ministro de Defensa supondría un peldaño más en la tesis de que el miembro del Gobierno ha incurrido en delito de falta de colaboración con la Justicia, ya que se interpretaría qué el conflicto de jurisdicción planteado a Garzón no es otra cosa que una maniobra dilatoria para no entregar los documentos.

En los citados medios, se considera que Garzón no entrará por el momento en la existencia de indicios de falta de colaboración con la Justicia por parte de Suárez Pertierra.

Los documentos reclamados por Garzón son la denominada acta fundacional de los GAL y la nota de despacho del 28 de septiembre de 1983 en la que Perote anunciaba el inicio de la guerra sucia contra ETA en Francia.