Santaella, atrapado por la deontología

Unos seis meses tardará en resolver el Consejo General de la Abogacía las dos denuncias contra el letrado Jesús Santaella, por las presiones al Gobierno como abogado del ex presidente de Banesto Mario Conde y del coronel ex alto cargo. del Cesid Juan Alberto Perote. Dada la condición de miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid que concurría en Santaella cuando ocurrieron los hechos denunciados, la actuación disciplinaria corresponde al máximo órgano de la abogacía española, incluso si en las próximas semanas abandona tal cargo.En un debate sobre Límites éticos en el ejercicio de la profesión de abogado, organizado por el Foro de la Abogacía Española moderado por su presidente Bernardo Cremades, Eugeni Gay ofreció garantías el viernes úItirno de que "el expediente, orno otros muchos, se tramitará con absoluto rigor y absoluta seriedad". El presidente del Consejo General de la Abogacía ampliaba con esas palabras la nota de prensa difundida poco, antes, que se limitaba a señalar que se había abierto "un periodo de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso". Gay reprochó a quienes durante el coloquio hablaron de Santaella "sin pronunciar su nombre". El no tuvo inconveniente en decirlo, pero advirtió: "Unos querrán que se le sancione; otros que se le premie. Pero el único que se pronunciará con seriedad será el consejo que me honro en presidir".

Ha quedado descartado que el caso Santaella, por la vía de la renuncia del denunciado a presentarse a la reelección de su cargo en la junta de gobierno en la renovación de final de año, regrese al Colegio de Abogados de Madrid. Sin embargo, un alto dirigente de este colegio considera que, dado que la conducta que se reprocha a Santaella no guarda relación con su cargo en la junta de gobierno, sino con su actuación como abogado, una vez que cese en el cargo terminará el motivo para que le expediente el Consejo de la Abogacía. "Si a Santaella se le acusara de haber distraído fondos del colegio aprovechándose de su cargo en la junta, sólo podría sancionarle el consejo, peto se trata de su actuación como abogado y, tratándose de un abogado raso, corresponde conocer de ella a su colegio", razonó tal alto cargo.

Los abogados, "víctimas"

Jesús Castrillo, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, manifestó públicamente que, aunque existen normas deontológicas -Ramón Pelayo había negado que las hubiera-, "nos encontramos en momentos muy difíciles y complicados en los que desde las instituciones no se acepta la responsabilidad política" y "muchas veces somos nosotros mismos las víctimas, cuando nos deslizamos hacia la heterodoxia". Sin mencionarlo, se refirió al caso Santaella y se preguntó si "la actitud atípica del abogado era o no correcta". Se mostró. favorable a "no actuar con precipitación, aunque nos podamos equivocar por falta de rapidez"; explicó, pero prefiero eso a precipitarme contra el defensor de un ser".Le contestó uno de los denunciantes de Santaella: Mariano Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), próxima al PSOE. Acusó a Castrillo de "no ver la viga en el ojo propio" y de defender "una peligrosa impunidad", al tiempo que consideró que "el Consejo General de la Abogacía ha hecho bien tramitando las denuncias". Rafael Iruzubieta recordó a Castrillo que "entre las instituciones que no funcionan hay una nuestra, el colegio, que ha estado lenta de reflejos en un caso [el de Santaella] que era una ocasión, con lo que ha añadido un valor negativo y se ha contaminado en ese desprestigio".

También Cristina Peña aludió a Santaella y criticó que el colegio de abogados no adoptara ninguna decisión sobre una actuación "que repugna a los profesionales del derecho y excede de la noble función de la abogacía". El ex abogado y ex diputado independiente en las listas del PSOE Ventura Pérez Mariño, actual magistrado de la Audiencia Nacional, se refirió a los abogados como "asesores del poder" que ejercen " una profesión sin control social". Explicó que "del apego al poder han nacido unos abogados demasiado vinculados a sus clientes". El abogado laboralista José Ignacio Montejo describió a abogados d Madrid y Barcelona como "delincuentes legales, que están detrás de todos los delitos económicos" y reprochó al Consejo de la Abogacía su silencio.

En su intervención final, Gay arremetió contra quienes desconocen o se desinteresan por las normas deontológicas, cuyo cumplimiento "vamos a exigir", dijo con energía. Pero se opuso a quienes linchan al mismo personaje al que dos días antes consideraban un santo y negó que "cualquier charlatán pueda convertirse en juez desde algún medio de comunicación". Aseguró que no aceptaría jamás "que se juzgue a nadie desde el apasionamiento" y, compartiendo esa misma pasión, como reconoció después, se mostró muy dolido porque desde un periódico [aludía a EL PAÍS] se echara en falta que el reciente congreso de la abogacía no dedicara una ponencia a los abogado marrulleros.