Las autonomías dejarán de percibir medio billón en 1996 si se rechaza el Presupuesto

Si el Congreso no aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 1996 y el Gobierno aplica una prórroga presupuestaria estricta, que es su pretensión, las comunidades autónomas dejarán de percibir casi medio billón de pesetas -exactamente 484.000 millones-, según los cálculos oficiales conocidos por EL PAÍS. Esta pérdida de recursos, que no puede ser remediada por una norma legal como el decreto-ley de acompañamiento de la prórroga presupuestaria, se extiende también a las empresas públicas, que no dispondrán de margen de endeudamiento (Renfe, por ejemplo, perderá capacidad para endeudarse por 300.000 millones). El Estado tampoco podrá asumir la deuda de las empresas de la Agencia Industrial del Estado (AIE) y desaparecerá, si hay prórroga, el aval público a las empresas de la Agencia.

, Las comunidades autónomas resultarán gravemente perjudicadas por la probable prórroga del Presupuesto, según los cálculos del Gobierno, hasta el punto de que quizá resulte paralizada la actividad administrativa en algunos puntos concretos.Una prórroga del Presupuesto, en la que, por motivos jurídicos definidos por el Ejecutivo, no es posible incorporar las nuevas partidas previstas para 1996, supondría que las comunidades autónomas dejarían de percibir 484.019 millones de pesetas. Esta cifra es la diferencia exacta entre las cantidades percibidas por los conceptos de participación en los ingresos del Estado, aportación por Sanidad y corresponsabilidad fiscal en el Presupuesto para el año 1995 -que sería el aplicado- y las cantidades que percibirían en caso de aprobarse el Presupuesto de 1996 presentado por el Gobierno.

Las cifras de comparación (ver cuadro adjunto) muestran hasta qué punto la ausencia de Presupuesto hurta de recursos a las administraciones y suponen, sin duda, un argumento de presión importante a favor del Gobierno -"lucharé hasta el último día y hasta la última hora para que el Presupuesto de 1996 se apruebe", declaró abiertamente el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el jueves pasado- para que no se produzca un vacío presupuestario.

Argumento de presión

Fuentes de Economía reiteran que este departamento está dispuesto a "negociar el Presupuesto, sobre bases razonables, con los partidos políticos, porque entendemos que una prórroga presupuestaria acarreará problemas muy serios al Gobierno que se forme después de las elecciones".

Las empresas públicas resultarán afectadas también severamente por el rechazo del proyecto, porque el Estado no podrá hacer frente a sus compromisos de asunción de deuda, calculados en más de 375.000 millones de pesetas, ni ampliar los límites de endeudamiento o conceder avales. El impacto individual más fuerte será para Renfe, que perderá capacidad para endeudarse por 300.000 millones de pesetas. El Estado no podrá asumir la deuda de Radio Televisión Española (110.693 millones), ni de las empresas de la Agencia Industrial del Estado (AIE) y se perderá el aval de 150.000 millones para las empresas de la AlE. El detalle del impacto sobre las empresas públicas se aprecia en los cuadros adjuntos.

La ausencia de definición sobre los avales, la capacidad de endeudamiento o la asunción de deuda puede provocar problemas a las empresas públicas a la hora de negociar la refinanciación de sus créditos con la banca privada.

El ministro de Economía y su equipo están definiendo ahora de forma muy detallada los argumentos jurídicos que pueden apoyar el contenido de un hipotético decreto-ley de prórroga del Presupuesto.

De las dificultades jurídicas para introducir modificaciones económicas por decreto se desprende precisamente la imposibilidad de aportar a las comunidades autónomas y a las empresas y organismos públicos los recursos acordados en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Según las fuentes de Economía consultadas, un decreto-ley de acompañamiento solamente puede recoger disposiciones "objetivamente necesarias y urgentes", por lo cual difícilmente podría justificarse la aprobación por este procedimiento de todas las materias recogidas en el proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, el Gobierno ya ha descartado que en el decreto-ley de prórroga se puedan incluir las modificaciones en el régimen de los colegios profesionales, Ley del Suelo o las telecomunicaciones.

Actualizar la tarifa del IRPF

La interpretación jurídica del ministerio es que un eventual decreto-ley de prórroga solamente podría incluir aumentos de gasto "justificados para mantener el status quo existente, como la subida de las pensiones, de las retribuciones de los funcionarios, el mantenimiento de la recaudación en términos equivalentes al año anterior, o medidas para solventar el pago de la deuda".

Desde esta interpretación, los juristas del departamento analizaron exhaustivamente los obstáculos probables a la inclusión en el hipotético decreto-ley de la actualización (ajuste a la inflación) de las tarifas del Impuesto sobre la Renta (IRPF).

La conclusión a que se ha llegado es que no hay obstáculos para efectuar esa actualización, porque, según el Ministerio de Economía, "no se puede entender que el sistema tributario resulte afectado cuando las medidas adoptadas en decreto-ley se limitan a mantener la presión fiscal en términos reales de un ejercicio a otro".

Todas estas disquisiciones jurídicas apoyan la tesis mantenidas por Solbes: si hay decreto-ley, solamente se actualizarán las pensiones, los salarios de los funcionarios, la tarifa del IRPF y los impuestos especiales. El IVA, "desde luego que no".