Móner pide al Supremo el suplicatorio de Barrionuevo

El juez instructor del caso GAL en el Tribunal Supremo, Eduardo Móner, decidió ayer instar a la Sala Segunda para que tramite el suplicatorio del ex ministro del Interior José Barrionuevo, según confirmó el propio Móner. El juez estima que es imprescindible tomar declaración a Barrionuevo en calidad de imputado en relación con una serie de hechos que figuran en el sumario de la guerra sucia contra ETA y que pueden ser constitutivos de delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos, aunque no imputa directamente esos delitos a Barrionuevo, según informaron fuentes jurídicas. El magistrado reclama el suplicatorio no sólo para interrogar al ex ministro, sino también "para todo lo que se derive de ello".

, La decisión de Móner no presupone ninguna decisión acerca de la eventual intervención en los hechos de Felipe González y los otros dos aforados, el ex vicepresidente Narcís Serra y el diputado Txiki Benegas, puesto que el juez cree necesario oír a Barrionuevo antes de adoptar eventuales medidas respecto a los otros aforados. El instructor también. tiene previsto tomar declaración como imputado al ex comisario general de Información Jesús Martínez Torres.El escrito de Móner, que consta de cuatro folios, estaba redactado desde el miércoles y fue firmado ayer, aunque finalmente no fue presentado a la Sala Segunda, como era la intención del magistrado, por lo que la entrega formal se hará a principios de la próxima semana. El pleno de la Sala Segunda decidió a principios de septiembre constituirse en sala de justicia, por lo que serán todos los magistrados excepto el instructor los que decidan si se admite o se rechaza la tramitación del suplicatorio.

Acusaciones

En la exposición del juez se recogen todos los elementos acusatorios que figuran en la causa contra el ex ministro del Interior, entre los que figuran las declaraciones ante el anterior instructor, Baltasar Garzón, y ante Móner de Julián Sancristóbal, Ricardo García Damborenea, Miguel Planchuelo, Francisco Álvarez y José Amedo.

Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya en 1983, ha acusado al ex ministro Barrionuevo y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera de ser quienes le dieron luz verde para secuestrar en Francia al dirigente de ETA Mikel Lujúa Gorostiola.

Según la versión de Sancristóbal, cuando los mercenarios Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier secuestraron por equivocación a Segundo Marey, Vera llamó a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao para informar del error, pero fue en una conversación posterior con Barrionuevo cuan do éste les dijo que tenían que mantener secuestrado a Marey para presionar a los franceses a que colaborasen en la lucha antiterrorista.

El ministro conocía la reivindicación del secuestro que en nombre de los GAL se pasó a los medios dé comunicación, siempre según las declaraciones del ex gobernador.

Más adelante, Sancristóbal declaró también que Ricardo García Damborenea y él informaron a Barrionuevo de que habían decidido liberar a Marey, a lo que el ministro dio el visto bueno.

Las acusaciones de, Sancristóbal se refieren también a la financiación de la operación. El pago del secuestro se hizo con un millón de francos franceses procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Sancristóbal sostiene que Rafael Vera, entonces director general de la Seguridad del Estado, le entregó su despacho oficial el dinero, si bien supone que lo hizo con conocimiento del ministro.

Sobre si Barrionuevo fue el último responsable que autorizó él secuestro de Marey, Sancristóbal contestó que no tiene ninguna prueba de que Barrionuevo consultase con el presidente del Gobierno, pero que, conociendo el talante del ex ministro, está convencido de que no actuaba por libre e informó a González.

La última acusación de Sancristóbal se refiere a los fondos reservados y las cantidades que percibían algunos responsables de la lucha antiterrorista. Sancristóbal. señala que la distribución de los fondos era generalizada y que ello respondía a la decisión de Barrionuevo, que posteriormente revisó al alza las entregas de dinero.

Francisco Álvarez, que era jefe superior de Policía de Bilbao en 1983, cuando se secuestró a Marey, ha manifestado que todas sus actuaciones fueron ordenadas por Sancristóbal, quien a su vez recibía instrucciones de Vera y Barrionuevo. Esas mismas manifestaciones son atribuible! al ex policía José Amedo y al ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo, que hablan de referencias. Todos ellos afirman que oyeron decir a Sancristóbal que Barrionuevo estaba de acuerdo con retener a Marey.

Además, todos ellos estaban en la Jefatura de Bilbao mientras Sancristóbal mantenía la conversación con el ministro en la que éste supuestamente le autorizó a mantener secuestrado a Marey.

Capítulo aparte merece el ex secretario de los socialistas de Vizcaya Ricardo García Damborenea, quien dijo que cuando Barrionuevo llegó al ministerio consultó a todos los que podían opinar la posibilidad de iniciar la intervención directa contra ETA. García Damborenea afirmó que el secuestro de Lujúa debió de contar necesariamente con el visto bueno del ministro.

"Avalancha de datos"

Garzón consideraba, en su exposición motivada a la Sala Segunda, que existía "una avalancha de datos" contra Barrionuevo, mientras el fiscal del Supremo estimó que las imputaciones contra el ex ministro eran "precisas, reiteradas y concordantes, coincidiendo las afirmaciones y apreciaciones".

La citación como inculpado de Martínez Torres se basa, según diversas fuentes, en la declaración de Planchuelo, que asegura haber oído al comisario comentarios sobre el proyecto de secuestro de Lujúa.