PNV y CC decidirán si Felipe González tendrá que acudir a la "comisión GAL"

La falta de consenso y las lagunas sobre el funcionamiento de las comisiones de investigación en el Senado plantean serias incertidumbres a la aprobada el miércoles para delimitar las responsabilidades políticas del caso GAL. PP e IU han anunciado ya que requerirán las comparecencias de Felipe González, Narcís Serra, José Barrionuevo y Txiki Benegas. PSOE y CiU se oponen. En su opinión, sólo deberían prestar testimonio quienes han sido ya juzgados, para no interferir en la labor de los tribunales. Pero sus votos por sí solos no son suficientes. Necesitan a CC y al PNV.

, Dada la composición de fuerzas en la comisión GAL, la decisión última sobre la posible comparecencia de Felipe González estará en manos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Coalición Canaria (CC). La comisión, según el Reglamento del Senado, la compondrán 32 miembros: 14 del Partido Popular, 13 del PSOE, 2 de CiU, 1 del PNV, 1 de Coalición Canaria y 1 del Grupo Mixto, donde se alternarán Izquierda Unida: (IU) y Eusko Alkartasuna (EA).Los 15 votos que suman el PP y el Grupo Mixto se neutralizarán con los 15 del PSOE y CiU en una propuesta de tanto calibre como la de comparecencia de Felipe González. La llave de la comisión la tendrán, pues, peneuvistas y canarios. Los portavoces de ambas formaciones, Ricardo Sanz, por el PNY, y Miguel Ángel Barbuzano, por CC, manifestaron ayer que una decisión de esta trascendencia la tendrán que tomar sus direcciones respectivas. El portavoz de CC en el. Congreso, José Carlos Mauricio, se ha pronunciado en contra de la comparecencia de González.

Otra cuestión a debate es la comparecencia del general Enrique Rodríguez Galindo, ex jefe de la Comandancia dé la Guardia Civil de Intxaurrondo (Guipúzcoa). El peneuvista Ricardo Sanz se ha pronunciado a favor de tomarle testimonio. Ángel Acebes, portavoz del PP, afirma que los populares no la descartan, pero siempre que sea como resultado, dice, de que Galindo seguía instrucciones políticas. En ningún caso el PP está dispuesto a investigar ni el cuartel de Inuaurrondo ni la Guardia Civil.

Antes de llegar a ese debate, la comisión GAL tendrá que sortear otros obstáculos derivados de la ausencia de una reglamentación que se limita a señalar que las comisiones estarán integradas por 32 miembros y que tendrán que ser públicas, salvo que la mayoría de cida lo contrario. Las compare cencias exigirán el respaldo de al menos tres grupos parlamentarios.

A partir de ahí la autonomía de funcionamiento de la comisión es prácticamente total. A ella le corresponde la posibilidad de elegir una ponencia, de realizar viajes, de encargar informes jurídicos o de fijar sus plazos, según aseguró el presidente del Senado, Juan José Laborda.

Laborda es abiertamente defensor de solicitar un informe jurídico a los servicios de la Cámara para evitar una colisión de competencias entre esta comisión y los tribunales de justicia. "No quisiera verme en la situación en que se encontró el Congreso con motivo de la comisión Roldán, en que una juez vino al Senado a pedir documentación", dijo el presidente, del Senado. No ocultó tampoco su temor a que los abogados de los inculpados del caso GAL puedan servirse de esta comisión para anular pruebas de los tribunales.

. Así las cosas, al menos el PSOE y CiU plantearán la petición de informes jurídicos una vez que se cree la comisión. Según el artículo 53, del reglamento del Senado, la comisión se constituirá en los días posteriores a la designación de sus 32 miembros. El próximo martes, el presidente del Senado notificará a la Mesa de la Cámara alta la decisión de crear la comisión. A partir de ahí empezará la notificación, aunque no hay plazo para ello.