El Congreso avala que los jueces no tengan acceso a secretos de la UEO

, En plena polémica por la negativa del Gobierno a entregar al juez Garzón los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, el Congreso aprobó ayer, con 300 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones, un convenio internacional que impide -el acceso a documentos secretos de todas aquellas personas que no estén expresamente habilitadas pata ello, incluidos los miembros del Poder Judicial. Se trata del acuerdo de seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO), la organización defensiva europea, firmado en Bruselas el pasado 28 de marzo.El acuerdo pasó inadvertido entre los más de 20 convenios internacionales ratificados por el pleno del Congreso en apenas media hora, sin que se produjera debate alguno y sin que ningún grupo mostrara reparos al respecto. Las 13 abstenciones procedieron de los escaños de IU, que sistemáticamente se abstiene en los acuerdos derivados de la pertenencia de España a la UEO, por discrepar del papel subordinado de dicha organización respecto a la OTAN.

El acuerdo aprobado ayer compromete al Gobierno a hacer 'todo lo posible por proteger" la documentación secreta que le faciliten sus socios de la UEO y a "abstenerse de revelar dicha información y material a terceras partes sin el consentimiento de la autoridad de origen". Además, tendrá que asegurar que Sólo tengan acceso a documentación secreta o confidencial de la UEO quienes dispongan previamente "de la habilitación necesaria", sin ningún tipo de excepción.

Un miembro del Gobierno resumía las consecuencias del convenio en estos términos: -"Si los documentos secretos de la UEO reflejaran alguna ilegalidad, no sería posible entregarlos a un juez sin violar un tratado internacional". España tiene en vigor acuerdos similares con la OTAN, EE UU y Francia, entre otras organizaciones y países.

Tramitar el conflicto

Por otra parte, fuentes gubernamentales indicaron que el juez Garzón no puede negarse a admitir a trámite el conflicto de jurisdicción planteado por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertíerra, en contra de lo que sugería el magistrado en su providencia del martes pasado, en la que preguntó a las partes personadas en el caso Monbar si debía admitir a trámite el conflicto. Las mismas fuentes recordaron que un juez que se negó a admitir el conflicto planteado por el Gobierno a propósito de los micrófonos instalados en los locutorios de la cárcel de Herrera de la Mancha se vio obligado finalmente a rectificar.

Lo que sí puede hacer Garzón, en opinión de las fuentes consultadas, es elevar a la sala de conflictos jurisdiccionales su opinión contraria a la admisión a trámite de la iniciativa. También se baraja la posibilidad de que la citada sala estime que se trata de un conflicto de atribuciones, y, en consecuencia, traslade el asunto al Constitucional.