El fiscal del "caso Filesa" acusa a 23 de los 39 inculpados por el ex juez Barbero

El fiscal del Tribunal Supremo adscrito al caso Filesa, Antonio Salinas, ha solicitado que se sienten en el banquillo de los acusados 23 de los 39 inculpados por el ex juez Marino Barbero, para los que pide penas que en el caso del ex diputado socialista Carlos Navarro suman 24 años de cárcel. Entre los 16 excluidos de la lista de acusados, para los que el fiscal ha pedido el sobreseimiento, figuran Emilio Ybarra Churruca y José Ángel Sánchez Asiaín, presidente y ex presidente del BBV. En cambio, ha pedido cinco años para Alfonso Escámez, presidente de CEPSA -que en ningún caso los cumpliría, al haber rebasado la edad de ingreso en prisión-, y José Antonio Sáez de Azcúnaga, consejero del BBV.

El fiscal Salinas pide para el senador del PSC-PSOE Josep María Sala siete años de prisión; para Alberto Flores, ex responsable de relaciones internacionales del PSOE, y Luis Oliveró, administrador de Filesa, 19 años de cárcel y 500 millones de multa a cada uno, y para el ex diputado socialista Carlos Navarro, 24 años de prisión y 503 millones de multa.La lista de acusados comprende a 14 empresarios y financieros, y a nueve miembros del PSOE o próximos a este partido.

El fiscal señala que, a finales de 1986 o principios de 1987, el PSOE, en colaboración con el PSC, y con la finalidad de contar con un sistema de financiación complementario, inició la ejecución de un plan de financiación electoral consistente en la creación de varias sociedades aparentamente "consultoras" teóricamente prestadoras de servicios de asesoramiento, pero encubridoras de su verdadera finalidad y función: servir de depositarias y administradoras de los fondos recaudados por el PSOE para canalizarlo posteriormente hacia el partido.

Según el escrito del fiscal, en el proceso de financiación electoral del partido socialista cabe distinguir cuatro fases, que no necesariamente pueden considerarse sucesivas: la de la construcción del holding de empresas formado por Malesa, Time Export y Filesa; la de recaudación de fondos por el partido; la de aplicación de los mismos al pago de los servicios electorales del PSOE, y una cuarta fase, de carácter complementario de la anterior, dirigida a encubrir la financiación electoral lograda por el partido mediante las correspondientes omisiones contables en la contabilidad electoral a remitir al Tribunal de Cuentas.

Miembros del PSOE

El escrito del fiscal desarrolla a lo largo de 133 folios las cuatro fases. El holding partió de la empresa Time Export. El senador Josep Maria Sala y el entonces diputado Carlos Navarro, como secretario de organización y secretario de finanzas del PSC, respectivamente, crearon, según el fiscal, un grupo de empresas que serviría de base para la financiación electoral del PSOE. El 30 de diciembre de 1988 quedó constituido el grupo, en el que aparecían como teóricos copropietarios Alberto Flores y Luis Oliveró.La recaudación de fondos se realizó "con las empresas que acuerdan con el PSOE contribuir a su financiación, mediante el giro de facturas o informes inexistentes que puedan encubrir jurídicamente la realidad del pago", según el texto de la fiscalía.

El administrador de Filesa, Luis Oliveré, fue quien, con la ayuda de dos auxiliases administrativos, confeccionará por sí solo los 35 informes "sobre las más variadas y complejas materias del conocimiento técnico y jurídico, por los que el holding percibirá la suma de 1.084.271.962 pesetas". El pago de servicios electorales prestados por el PSOE con cargo a los fondos depositados en las firmas Filesa y Time Export constituye al tercera de las fases.

En este punto, el fiscal considera que Ramón Moreda Luna, que fue coordinador electoral del partido socialista, omitió en la contabilidad los servicios prestados al partido y pagados por Filesa y Tíme Export, y fue ayudado en las manipulaciones por Guillermo Galeote y Carlos Navarro.

De las demás acusaciones personadas en el caso Filesa, el abogado Marcos García Montes, acusador en nombre del empresario José María Ruiz-Mateos, solicitó la apertura de juicio oral para 37 acusados, entre ellos todos los banqueros y empresarios citados por el ex juez Barbero, que durante casi cuatro años instruyó el caso, hasta su reciente solicitud de la carrera judicial.

El representante legal de la acusación del Partido Popular, Juan Ramon Montero Estévez manifestó anoche a este periódico que ya había entregado su escrito de acusación, pero que no podía hacerlo público "porque aún no lo conocía el cliente".

Recursos rechazados

Por otra parte, y coincidiendo con la entrega de escritos por parte de las acauciones, la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó recursos de queja contra el auto del ex juez Marino Barbero en el que éste inculpó a 39 políticos del partido socialista, empresarios y banqueros.La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Augusto de Vega Ruiz, señala que en el procedimiento abreviado no existe un verdadero auto de inculpación -que en realidad se denomina "auto de acomodación al procedimiento abreviado" lo que supone que el juez no tiene por qué describir hechos, preceptos penales y grados de participación, tal como reclamaron los letrados de algunas de las partes.

Según la resolución de la Sala Segunda, Barbero se limitó a describir los hechos y su posible tipificación jurídica, pero sólo someramente y a los únicos efectos de justificar la razón del acuerdo adoptado para, finalmente, indicar las personas que aparecen como querellados y las que son imputados.

Tras haber confirmado la Sala Segunda del Supremo el auto de inculpación y haber entregado al instructor sus escritos de acusación, el ministerio fiscal y las demás acusaciones, la causa pasará ahora a los abogados defensores.

Posteriormente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, a la vista de los escritos de todas las partes, dictará el auto de apertura del juicio oral, en el que señalará definitivamente quiénes se sientan en el banquillo de los acusados para ser sometidos a juicio por la presunta financiación irregular del PSOE en el caso Filesa.