La Comisión teme que Seat haya incumplido su compromiso de reducir la producción al 50%,
![Xavier Vidal-Folch](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Faedae0bb-0d6e-459f-9dfe-2706e5fe4722.png?auth=a063b8a6c517022901a88a95f4c1505572e8da3a560efb661a27e9349d5e2921&width=100&height=100&smart=true)
Llueve sobre mojado. Expertos de la Comisión Europea detectaron ayer en el factoría de Martorell indicios de que Seat está incumpliendo las previsiones del plan de estructuración 1994-1997 que justificarían las ayudas oficiales de 46.000 millones la compañía. El compromiso de reducir capacidad a un 50% sólo se estaría horando parcialmente, al 20%. Con esta sospecha, así como con la determinación del ejecutivo comunitario de prohibir ayudas a Iberia muy superiores a los 50.000 millones -de los 130.000 planteados- lidiará hoy en Bruselas Juan Manuel Eguiagaray.
El ministro de Industria abordará el caso Seat con el comisario de la Competencia, Karel Van Miert. Éste manifestó recientemente que los recortes de capacidad "no deben interpretarse necesariamente como una señal negativa". El comisario está a la expectativa de la explicación que le dé el ministro sobre las variaciones que van del texto a la realidad.Pero otras fuentes comunitarias destacaron que los indicios de incumplimiento pueden obstaculizar las ayudas contenidas en el plan de reestructuración de Seat. Éste iba por buen camino. Desde que fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), el 12 de septiembre no había recibido impugnaciones de la competencia.
"Si se respetase, resultaba coherente", comentaron estas fuentes, y por tanto aceptable a la luz de la normativa comunitaria sobre la competencia.
El plan, ultimado el pasado verano -en realidad, una versión más ajustada a Derecho del antiguo plan de apoyo público al programa de I+ D- se basa en "una reducción del 50% de la capacidad de producción", de Seat (de 780.000 a 390.000, unidades) practicada entre 1994 y 1995, "como consecuencia del cierre definitivo" de la factoría de Zona Franca, y en una "progresiva reducción de la cuota de mercado" en los años siguientes.
Este elemento es esencial para la aprobación de las ayudas públicas, puesto que las directivas aplicables estipulan que la mejora de la viabilidad debe implicar "el abandono de las actividades que estructuralmente generan pérdidas". Y por tanto, para asegurarse el futuro y no distorsionar el mercado, el plan requiere, para su aprobación, "llevar aparejada una reducción significativa de la capacidad", pero que "no sea compensada" con aumentos de capacidad "en el conjunto del Grupo Volkswagen" (DOCE del 12 de septiembre).
Los indicios hallados en las factorías por los expertos de la DG-IV de la Comisión -mantenimiento de actividad en -Zona Franca y aumento de la capacidad en Martorell-, ponen en cuestión, a ojos de los técnicos, que el plan responda a la realidad de la reestructuración realizada, y podrían influir negativamente en la intención original que albergaba Van Miert de aprobarlo.
En peor situación aún está el expediente de Seat que debatirán hoy el comisario de transportes, Neil Kinnock, y Eguagaray. Desde que las discusiones se reiniciaron hace tres semanas (véase EL PAÍS del 11 de septiembre), la posición de la Comisión apenas ha variado: sigue dispuesta a aprobar que Teneo inyecte 48.000 de los 130.000 millones previstos por la compañía, en concepto de capítulo social y renoación de la flota.
Y los ampliaría quizá con una propina de 4.000 o 5.000 millones en concepto de la mayor dureza de la recesión en España. Pero los otros motivos aducidos por la delegación española para justificar la ayuda de 130.000 millones -la "imprevisible" devaluación de la peseta, el adelanto de la libera lización aérea en el mercado doméstico y la unilateral modificación de las condiciones de liberalización de Aerolíneas por el Gobierno argentino no entremecen a los negociado res. La cifra está atascada.
Además, la perspectiva de una venta de la filial Aerolíneas Argentinas para conseguir los recursos no alcanzados por sas otras vías (en torno a 50.000 millones), levanta ya el dedo admonitorio de Bruselas: "en todo caso, el comprador debería atenerse a las reglas de mercado, debería ser un, verdadero inversor privado y no el Estado enmascarado", indican fuentes comunitarias.
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