Justicia o venganza

ANTE CASOS de crímenes tan atroces como el de Anabel Segura, la exigencia de justicia tiende a confundirse fácilmente con la venganza y con la ley del talión de las sociedades bárbaras. Pero, desechada con fuerza esa reacción inmediata e impulsiva, impropia de una sociedad civilizada y de un Estado de derecho en el que nadie es culpable mientras no lo decida un tribunal de justicia mediante un proceso con todas las garantías, tiene sentido preguntarse sobre el trato que el sistema penal otorga a los desalmados -ya convictos- que secuestran y asesinan, violan, destrozan cuerpos en atentados terroristas o destruyen a jóvenes y a familias enteras con el criminal comercio de la droga.El sistema penal y penitenciario vigente se caracteriza, entre otras cosas, por establecer penas teóricamente elevadas, absolutamente desproporcionadas en algunos delitos, pero que reduce después sustancialmente de manera harto mecánica y sin relación alguna, en muchos casos, con el objetivo de reinserción social ni la personalidad del potencial beneficiario de la medida. Y ello como consecuencia de seguir manteniendo la reducción de penas por el trabajo introducida en el Código Penal en 1944 como forma de amortiguar los efectos de las elevadas condenas que tienen aún su origen en la represión que siguió a la guerra civil. Tampoco diferencia suficientemente el tratamiento de determinadas conductas delictivas -ciertos homicidios, violaciones y, en general, delitos contra menores, que, además de ser objeto de la ley penal, pueden serlo más de la medicina psiquiátrica. No se puede aplicar sin más a este tipo de delincuentes el sistema general penitenciario, sino otro más especializado, vinculado a la naturaleza del delito.

Tienen sentido las preguntas que se hacen al respecto desde la calle, sobre todo cuando cobran actualidad por trágicos y alarmantes fallos del sistema. Pero las respuesta no puede surgir desde la ira y el dolor que suscitan crímenes como el de Anabel Segura. Sacar en este momento, como han hecho algunos dirigentes del Partido Popular (PP), la bandera -por lo demás confusa- del cumplimiento íntegro de las penas no deja de ser un ejercicio de demagogia y mal gusto. Sobre todo cuando existe en el Senado un debate sobre el nuevo Código Penal, donde el tema puede y debe ser abordado con el rigor requerido.

Si con el cumplimiento íntegro de las penas los dirigentes del PP pretenden negar a determinados delincuentes la posibilidad de reinsertarse, tienen razón quienes afirman que ello exigiría la reforma de la Constitución. Si es eso lo que quieren, deberían decirlo claramente. Porque con la Constitución en la mano no cabe establecer una forma de cumplimento de penas que impida toda posibilidad de reinserción social. Si lo que pretenden es que las penas sean proporcionadas a la gravedad del delito, que se cumplan sustancialmente y que en los delitos más graves -terrorismo, narcotráfico, violación, asesinato- se endurezcan las condiciones de acceso a los beneficios penitenciarios, la posición es defendible. De hecho, es la que han plasmado el resto de fuerzas políticas en la redacción del nuevo Código Penal, pendiente de tramitación en el Senado.

El nuevo Código Penal es tributario, como no podía ser de otro modo, de la enorme inquietud social generada por ese tipo de delincuencia. También es fruto de una meritoria labor de consenso parlamentario. El PP ha asumido muchas de las posturas de los restantes grupos y éstos han acercado las suyas a la del PP sobre el cumplimiento de las penas hasta el límite de lo constitucionalmente admisible. Ir más allá sería convertir el sistema penal en un instrumento de venganza social, impropio de un ordenamiento legal democrático.