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LISTA CONTRA LA CORRUPCION

Los subasteros siguen acaparando los pisos baratos que embargan los jueces

Los subasteros mantienen su mafia pese a que han cambiado algunas circunstancias de las pujas. Ahora ya se conoce qué pisos embargados salen a subasta, se han producido condenas contra la corrupción en las adjudicaciones y el público en general puede participar en el tanteo. Pero el hecho de que un piso obtenido en subasta pueda ser vendido al poco tiempo -ocho días de margen ahora, un año cuando esté vigente la reforma en marcha- sigue atrayendo a los profesionales del negocio, que no los necesitan para vivir. Incluso consideran que las nuevas medidas no les impedirán seguir con su negocio. Por eso, desde los juzgados se propone ya un margen de tiempo mayor. EL PAÍS continúa con la publicación de las listas de pisos -mañana se amplía la relación-, en la idea de que ello dificulta las maniobras mafiosas.

Los pisos embargados que se subastan en los juzgados de Madrid siguen en manos de los de sierripre: los subasteros (profesionales que se ponen de acuerdo a espaldas del juez, que no se hacen competencia entre sí durante la puja oficial y que se las arreglan generalmente para impedir que alguien, salvo ellos, salga beneficiado). Las medidas adoptadas por la Administración para combatirlos están resultando insuficientes. Un redactor de este periódico comprobó el pasado jueves, en el Juzgado Hipotecario número 32 de Madrid, que los amañadores de pujas siguen campando a sus anchas.La secretaría general de los juzgados de la plaza de Castilla, María José Gandásegui, asegura que el decanato está estudiando nuevas medidas, además de las ya existentes, para poner coto a las prácticas de estos profesionales. En la actualidad, funciona en los juzgados una oficina cuyo cometido es asesorar gratuitamente a los ciudadanos sobre los pasos para intervenir en una puja.

Gandásegui sugiere la posibilidad de introducir una enmienda en el proyecto de ley sobre subastas que se tramita en la actualidad en el Senado. Ahora mismo, la ley permite vender a un tercero un piso adquirido en subasta, dentro de los ocho días siguientes a la puja. La reforma -aprobada por unanimidad en el Congreso y que se ha gestado precisamente para combatir a los amañadores de pujas- establece que el adjudicatario de un piso no pueda revenderlo durante un año.

Se jactan

Los subasteros ya conocen ese proyecto de ley, pero se jactan de que sus limitaciones no perjudican para nada sus intereses. "Si hay que estar un año esperando para venderlo, pues esperamos; no pasa náda", señaló el pasado viernes a este periódico un avezado subastero. Gandásegui sugiere la posibilidad (ahora que se está a tiempo porque el proyecto de ley sigue aún en el Senado) de introducir una enmienda que amplíe "a varios años, los que sea necesario", la imposibilidad' de revender el piso obtenido enuna subasta.

El Juzgado Hipotecario número 32 de Madrid (dedicado en exclusiva a subastar fincas embargadas a sus dueños por deudas) era el pasado jueves un hervidero de profesionales; algunos, incluso llegados de fuera de Madrid. A los amañadores de pujas les importa un bledo la citada oficina de información de subastas. Son tantos y tan bien avenidos que imponen miedo al particular que se acerca por allí a interesarse por algún piso. El tono hostigador que emplean en las pujas (miran fijo y con firmeza a sus adversarios, cuando los tienen) amedrenta.

Tras la reciente sentencia de la Audiencia que inhabilita a cerca de 40 subasteros para participar en pujas, algunos han optado por escudarse en sociedades instrumentales que operan por ellos; otros utilizan testaferros o familiares; y otros ni una cosa ni otra: ellos mismos dan la cara, a pesar de la inhabilitación.

María Francisca Tarriño, una conocida profesional de la puja, no, tuvo ningún escrúpulo en participar el pasado jueves al menos en dos subastas. Tarriño, que lucía un impecable vestido y lujosas joyas, es una de las personas inhabilitadas y condenadas por haber amañado subastas. Sobre ella pesa una multa de 42 millones de pesetas y tres meses de cárcel; fue condenada por un delito de cohecho continuado y maquinación para alterar el precio de la cosas. Pero Tarriño no es más que un ejemplo. "Muchos de los condenados siguen viniendo por aquí como si nada hubiese ocurrido: bien ellos personalmente, bien sus hijos o cualquier otro familiar, o bien sus testaferros", aseguran fuentes cercanas a los juzgados hipotecarios.

Si a algún subastero se le pregunta cómo es posible tan flagrante quebranto de la sentencia, el estribillo de la respuesta no varía: el fallo judicial está recurrido ante el Tribunal Supremo, y, por tanto, aún no es firme. Los jueces titulares de los dos juzgados hipotecarios de Madrid (el 31 y el 32) han indicado que, de momento, no pueden impedir la participación de los profesionales condenados, pues el fallo está efectivamente apelado; pero aseguran que lo harán sin vacilar cuando el Supremo lo ratifique.

José María Muñoz Cabeza (familiar de Antonio Muñoz Cabeza, otro de los subasteros condenados por la Audiencia) mantuvo el jueves la siguiente conversación -aprovechando un receso en las subastas- con un redactor de este periódico:

-Aquí cada cual puja por lo que quiere, y nadie se pone de acuerdo. Todo lo que decís es mentira.

-No lo ha entendido así el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid, pues ha condenado a fuertes penas por maquinación a cerca de 40 subasteros -repuso el periodista.

La mirada de su rostro, rajado por una cicatriz, se tornó entonces cruel y agresiva. Y soltó:

-Puedes decir lo que quieras, como si te la machacas. Yo con mis cuartos hago lo que me da la gana...

Casi la mitad de los pisos que se subastaron el pasado jueves en el Juzgado 32 se los quedó un mismo subastero. Los pocos particulares que se acercaron ese día la plaza de Castilla sólo fueron a ver, informarse y oír. "Necesito un piso y he venido a ver cómo funciona esto, pero uff...", señaló uno, con la mirada puesta en la maraña de profesionales que atestaban la sala de vistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de octubre de 1995

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