El juez del 'caso Sóller' prepara el traslado de las pruebas contra Cañellas

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca, Pedro Barceló, prepara el traslado del caso Sóller -supuesto pago de comisiones ilegales al Partido Popular (PP) de Baleares a cambio de la contrucción y explotación del túnel de Sóller- al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). El traspaso de las diligencias puede suponer la implicación judicial de los componentes de la antigua cúpula del PP encabezada por Gabriel Cañellas. El juez, que no puede investigar ni imputar a ningún aforado, detallará las declaraciones y los documentos que relacionan a Cañellas ex presidente del Gobierno, otros cuatro aforados -diputados y consejeros- que controlaban la dirección del PP balear 1989 y 1990 como sospechosos haber ingresado donaciones irregulares y cometido un delito. Obligado por José María Aznar, Cañellas dimitió, en julio pasado como presidente regional y líder del partido por este escándalo.Inspectores de la policía y Hacienda, instruidos por el juez han reconstruido la trama bancaria de dispersión de posibles pagos ocultos a políticos del Partido Popular con fondos procedentes de la compañía constructora del túnel mallorquín de Sóller. Anton Cuart, amigo y socio de Cañellas logró del Gobierno balear, del PP la concesión de la obra. Antes de constituir la sociedad libró supuestas donaciones y está acusado de desviar 140 millones de pesetas del capital. La empresa de Cuart quebró antes de concluir el túnel y entonces se descubrieron las supuestas comisiones irregulares.

Titulares identificados

Como titulares y apoderado identificados en cuentas bancarias en las que se ingresaron y operaron las donaciones de Cuart figuran Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno y del PP de Baleares; José Antonio Berastaín, ex secretario general del partido y actual consejero de la Función Pública; Joan Huguet, presidente d Parlamento y líder del PP de Menorca; Antonio Marí, presidente del Consell de Ibiza; María Salom diputada y presidenta de las Nuevas Generaciones, y Pedro Juan Morey y Mariano Matutes, ex consejeros del gabinete Cañellas.El juez Barceló, si el fiscal no se opone, dejará que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares investigue y tome declaración a Cañellas y sus colaboradores acerca de los documentados ingresos en cuentas del PP y de la Fundación Illes Balears, que controla el ex presidente, en fechas posteriores la concesión de la explotación del túnel, un negocio que debía ingresar 50.000 millones en menos de 30 años.

El sucesivo desglose de un pagaré de Cuart, de 50 millones, en cheques bancarios y talones al portador posibilitó a los investigadores identificar el destino de los fondos a lo largo de un año. El cerebro de la presunta financiación paralela del PP, quien operaba en los bancos, era, para la policía, ex secretario general, Berastaín. Éste cesó en el partido, pero sigue como consejero del Gobierno balear.

El Tribunal Superior de Justicia instruye ya una querella de Izquierda Unida por supuesta prevaricación contra Cañellas y Gobierno balear de 1989 por concesión de las obras y la explotación del túnel de Sóller. La presunta conexión de las donaciones del empresario del túnel y la adjudicación de la obra es la clave de una posible acusación por un delito de cohecho.