El PP balear utilizó una fundación para esconder su supuesta 'caja B'

Gabriel Cañellas, ex presidente de Baleares y del PP en las islas, y José Antonio Berastaín, secretario general de los populares, recibieron en 1989 una comisión o donación de 1.607.914 pesetas de la empresa concesionana del túnel de Sóller. La comisión fue ingresada en una cuenta de la Fundación Illes Balears, en la que figuran como titulares indistintos Cañellas y Berastaín. Esta cuenta era supuestamente la caja B del PP balear. Cañellas y Berastaín fueron los responsables máximos del PP de Baleares y de sus finanzas hasta que José María Aznar les obligó a dimitir en julio pasado.

La aportación permaneció fuera del control del Tribunal de Cuentas y fue identificada y documentada por la policía y Hacienda mientras se investigaba la trama de pagos de posible comisiones del denominado caso Sóller, presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP balear por la construcción y concesión de la explotación del túnel de Sóller.Sobre este escándalo un Juzgado de Palma y el Tribunal Superior de Baleares instruyen sendas diligencias que afectan al PP y al Gobierno balear. La fiscalía entiende que la clave del caso, que forzó la renuncia de Cañellas, radica en localizar la contabilidad oculta en la que el PP podría haber anotado supuestos fondos no declarados.

La citada donación o comisión fue anotada en una cuenta en la caja de ahorros Sa Nostra a nombre de la fundación Illes Balears. Berastaín, que fue quien ingresó el talón, según la policía, no tenía relación conocida con la fundación, pero podía operar en esta cuenta sólo con su firma.

Peritos de Hacienda

En las investigaciones del escándalo del caso Sóller, Berastaín, actualmente consejero de la Función Pública del Ejecutivo balear, aparece como gupuesto cerebro del PP en la distribución de las donaciones y comisiones efectuadas por el empresario del túnel, Antonio Cuart, cifradas en unos 50 millones de pesetas en 1989.El magistrado del Tribunal Superior Juan López Gayá, que instruye el sumario por presunta prevaricación en la adjudicación del túnel de Sóller, y que afecta al Gobierno balear y al PP, tiene designados dos peritos de Hacienda para examinar los movimientos bancarios del Partido Popular en 1989.

El PP aportó semanas atrás su versión de la contabilidad oficial en la que no se incluía la cuenta de la fundación Illes Balears en la caja de ahorros Sa, Nostra. El juez instructor tiene del Banco Sanpaolo (antigua Banca Abel Matutes) una relación de los balances y movimientos financieros de las diversas cuentas que el PP balear mantenía abiertas durante el segundo semestre del 89.

Esta iniciativa de López Gayá pretende establecer si el PP mantenía una red de ingeniería contable con el fin de ocultar una presunta financiación irregular. El juez una caja B en el PP destinada al manejo de activos financieros, cheques al portador (anónimos y opacos al fisco en 1989), procedentes de presuntas comisiones ilegales y no computados en la contabilidad del partido.