El miedo del árbitro al botellazo

Las broncas a los. árbitros y los abucheos a los jueces ofrecen materia suficiente para los juegos analógicos. Tanto el árbitro de fútbol como el juez penal aplican sanciones a comportamientos punibles según códigos escritos; su amplio margen de discrecionalidad para interpretar las normas y apreciar los hechos transmite necesariamente carácter polémico a sus decisiones. Los seguidores de un equipo en apuros culpabilizan al árbitro desde las gradas y le dirigen un variado florilegio de acusaciones: ignorar el reglamento, no seguir de cerca el juego, ser hostil a sus colores o estar comprado por los rivales. Idéntico mal perder y parecida inclinación al improperio contra los jueces exhibe la gente de poder político o económico al verse incriminada.Las tardanzas del dimitido Marino Barbero para la instrucción del caso Filesa fueron cruelmente ridiculizadas por aquellos implicados en la financiación irregular del PSOE que habían obstruido previamente la investigación sumarial. Los ex altos cargos de Interior encartados en el caso GAL y su incondicional hinchada partidista han colgado de varias horcas al juez Garzón, acusado alternativa o simultáneamente de incompetencia profesional, móviles innobles, ambición frustrada, conspiración política y corrupción económica. Mario Conde azuza a su vociferante jauría de publicistas mercenarios y chantajea al Gobierno con los papeles del Cesid para quitar al magistrado García-Castellón la instrucción del caso Banesto y lograr la nulidad de las actuaciones procesales.En ocasiones, los dirigentes políticos ponen venenosamente en duda la legitimidad del Poder Judicial en nombre de la democracia. En 1985, Guerra reaccionó ante la sentencia en que el Tribunal Constitucional invalidaba parcialmente la ley del aborto con un exabrupto sobre la muerte de Montesquieu y de la división de poderes: según esa teoría, los magistrados no deberían enmendar la plana al Parlamento ya que -a diferencia de los diputados y senadores- no han sido elegidos directamente por los ciudadanos. Álvarez Cascos, secretario general del PP, ha dado un paso más allá en esa demagógica escalada de vaciamiento del Estado de Derecho por la regla de la mayoría; según su criterio, el fallo penal de la Sala Segunda del Supremo en el sumario GAL deberá limitarse a reflejar el veredicto político condenatorio de Felipe González dictado ya por una opinión pública de inciertos perfiles: de no atender a ese imperioso consejo, el crédito y el prestigio de la justicia española quedarían definitivamente arruinados. Traspuesta la doctrina de Cascos al ámbito futbolístico, los árbitros deberán aplicar desde ahora las ululantes sentencias de los ultrasur al pitar un fuera de juego o una falta contra el Real Madrid en los partidos del Bernabéu.

Las ofensivas político-publicísticas desatadas desde las tribunas del Parlamento y de los medios de comunicación contra el Poder Judicial nada tienen que ver con el derecho de los ciudadanos a criticar las sentencias; esas operaciones de linchamiento de los magistrados se proponen únicamente condicionar sus decisiones mediante la intimidación y la amenza. El miedo del portero al penalty relata la angustiosa huida de un ex futbolista que asesina de manera gratuita a la taquillera de un cine; el título elegido por Peter Handke para la novela es una parábola moral de su argumento. Pero el árbitro capaz de pitar un penalty contra el equipo local no siente pánico ante la incertidumbre sino miedo al botellazo; un temor. simbólicamente aplicable a la situación del juez García-Castellón, presionado directamente por los hooligans a sueldo de Mario Conde e indirectamente por el chantaje al Estado de Derecho que están realizando el ex banquero y sus terminales periodísticos con la inestimable ayuda del coronel Perote.