La Comisión y el IME discrepan en el ritmo del pase a la moneda única

La Comisión y el Instituto Monetario Europeo (IME, que congrega a los gobernadores de los bancos emisores de la Unión Europea, LTE), discrepan sobre el ritmo del pase a la moneda única. La Comisión pretende una transición compacta, con periodos en los que todos los agentes deberán adaptarse al unísono. El Instituto Monetario pretende una mayor flexibilidad, para no perjudicar a la banca pequeña. Dirimirá la batalla el Ecofin (Consejo de Economía y Finanzas).

El Ecofin debe presentar a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Madrid el escenario de referencia para la transición hacia la moneda única, compromiso que supone "el principal reto de la presidencia española en materia económica", según aprobó el lunes, a propuesta del presidente de turno, Pedro Solbes. Aunque se trata de acordar, sobre todo, el procedimiento y detalles del calendario -el contenido y las condiciones de convergencia se fijaron en el Tratado de Maastricht-, el debate tiene tantas implicaciones prácticas que se promete intenso entre los Quince.Ya lo es entre las instituciones. El Libro Verde de la Comisión (ver EL PAÍS del 25 y 26 de mayo) obtuvo en la cumbre de Cannes una acogida discreta. Los ministros de Economía confían más en los gobernadores de sus bancos centrales que en el ejecutivo comunitario para decidir sobre política monetaria. Además, el banco central alemán, el poderoso Bundesbank, se distanció del texto. Prefería un, "big bang aplazado" (toda la puesta en práctica al final de un período de transición) frente al "proceso gradual" defendido por la Comisión.

Aunque esta objeción se ha reconsiderado en buena parte, han aflorado otras en las últimas reuniones del IME, en buena parte suscitadas por el presidente del Bundesbank, Hans Tietmayer. Una es nominal. La Comisión defendía un proceso en tres etapas: la fase A, de lanzamiento, duraría un máximo de doce meses a partir de que los Quince decidan el número de participantes y la fecha del inicio; la B o intermedia, que, duraría tres años, empezaría con la fijación de las paridades fijas, establecería una política monetaria única y los bancos estarían obligados a operar en ecus (aunque no aún con los clientes); la C generalizaría en pocas semanas el uso del ecu en la calle. El IME las bautiza como fases 2, 2A y 2B (la 1 es la actual). Ambas instituciones coinciden en que la fase intermedia debe durar unos tres años. Como ministros y jefes de Estado han echado en saco roto la defensa de la primera fecha posible (1997) realizada por el comisario Yves-Thibault de Silguy, la moneda única no se generalizaría hasta el 2002 (tres anos después de iniciada la fase intermedia).

Deberes de los bancos

La principal discrepancia se refiere a. los deberes de los bancos. Algunos gobernadores -encabezados por el alemán- opinaron en la reunión del IME del pasado día 5 que el esquema de la Comisión (el único acabado) es "muy reglamentista y uniforme" porque impone a todos los bancos el cumplimiento simultáneo de los requisitos y que "la adaptación debe hacerse con mayor flexibilidad", según fuentes del Instituto. Su presidente, 'Alexandre Lamfalussy, les enviará un segundo cuestionario (ya ha enviado uno) para recabar sugerencias sobre esta flexibilidad.

Bajo ella palpita la defensa de las entidades menores, muy numerosas en Alemania, donde son legión las pequeñas cooperativas de crédito. Los gobernadores comparten la idea de Bruselas de que "hay que dotar al proceso de credibilidad para que los cambios fijos sean efectivamente irrevocables, para lo que es imprescindible que el número de operaciones realizadas tenga una masa crítica desde el inicio". Pero militaron contra la uniformidad y el exceso de obligaciones ("no todas las entidades podrán operar en la moneda única desde el principio" de la fase intermedia, se adujo), por temor a que "los costes del proceso recaigan demasiado en los bancos pequeños" y que ésto repercuta en una "pérdida de competitividad relativa" entre unos y otros.

Así, se propugnó que cada banco -o cada país- goce de cierta opcionalidad para asumir las nuevas obligaciones durante esa fase. Se llegó al de talle de proponer que los Bancos emisores arbitrasen unos "convertidores" o sistemas de compensación de la moneda nacional en la comunitaria en favor de las pequeñas entidades. Así, éstas no se verían obligadas a trabajar desde el principio en la. moneda única, sino que lo harían a través del banco central de su país.

El Ecofin ratificó el lunes el propósito de Solbes de encauzar el asunto en su próxima reunión informal de Valencia (29 y 30 de este mes) y aprobar el informe definitivo el 27 de noviembre.