El municipio paga la expropiación de una gasolinera con el dinero para chabolistas

Madrid - 18 sept 1995 - 00:00CEST

El plan municipal para eliminar las chabolas se ha desvanecido como el humo en el aire. El dinero previsto para ejecutar el plan (500 millones) se ha destinado a liquidar parte de una deuda antigua por un terreno expropiado. El Tribunal Superior de Justicia regional ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a pagar 2.002 millones de pesetas de los que 928 millones corresponden a intereses por la expropiación forzosa, ejecutada hace cuatro años, de la gasolinera de San Antonio (Moncloa). La estación de servicio detuvo más de 18 meses las obras del enlace del Puente de los Franceses y finalmente tuvo que ser expropiada a la fuerza por el Ayuntamiento de Madrid.

Ahora, el cumplimiento urgente de la sentencia, obligado por el Tribunal Superior de Justicia, ha dejado vacío el cajón municipal donde se guardaban 500 millones de pesetas para resolver el realojo de, al menos, 50 familias chabolistas este año.

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La Gerencia Municipal de Urbanismo se ha visto obligada a echar mano de este dinero. Sólo así ha conseguido el Gobierno del Partido Popular salvar a su gerente de Urbanismo, Luis Rodriguez-Avial, amenazado por los tribunales como principal responsable del organismo deudor.

"Si no pagábamos antes de octubre, le podían acusar de desobediencia civil", explica el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río.

La comisión de gobierno aprobó el 27 de julio pasado el pago de la deuda, que ha engordado durante cuatro años, por culpa de los intereses, hasta superar los 2.000 millones de pesetas. Resuelto este trámite, el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará en los próximos días el pago definitivo.

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La adquisición de casas en el mercado privado, según el plan diseñado por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal (donde participan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid), pretendía acelerar la erradicación del chabolismo en la capital. Más de mil familias viven todavía en chamizos insalubres.Mientras que una sentencia ha convertido el compromiso municipal, adquirido en una sesión del consorcio celebrada en marzo pasado, en papel mojado, la Comunidad de Madrid mantiene su apuesta para comprar viviendas dignas donde alojar a los chabolistas.

Luis Eduardo Cortés, consejero de Política Territorial, garantiza el cumplimiento de su parte: "Nosotros presupuestamos, en el Instituto de la Vivienda de Madrid, 1.100 millones de pesetas para hacer pisos. De ahí hemos invertido ya 445 millones, para La Celsa sobre todo. Nos quedan 654 millones, que no vamos a retirar pese a lo ocurrido en el Ayuntamiento".

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