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Tribuna:

La santa indignación

Según una opinión, aparentemente muy extendida, es lamentable que el presidente del Gobierno no presentara su dimisión, o no disolviera las Cortes, tan pronto como en las famosas actuaciones judiciales aparecieron datos que permitían sospechar algún grado de connivencia entre el aparato del Estado y los GAL. Los motivos para pensar así son, a mí entender, de tres órdenes distintos. Uno se basa en la idea de que esta sospecha pone la política nacional en manos de los jueces y debilita al Gobierno, en un momento en el que España tiene necesidad de un Gobiemo fuerte, capaz, entre otras cosas, de imponer una política económica de austeridad. Otro se apoya en el temor a las funestas consecuencias que para el resultado de las próximas elecciones puede tener el mantenimiento de la situación y tiene, como es lógico, muy diversas variantes (el temor de las gentes del PSOE a una derrota, el miedo desinteresado a que el nuevo Gobierno no tenga enfrente una oposición fuerte; incluso, ha llegado a decirse, el fingido temor de las gentes del PP, que preferirían no tener que enfrentarse una vez más con Felipe González). Otro se fundamenta, por último, en la idea de que la negativa a dimitir y renuencia a disolver implican una, grave quiebra de la ética política, una violación de los principios elementales de la democracia.Aunque en el fragor de la contienda los tres tipos de argumentos se entremezclan, conceptualmente son bien distintos y deben ser analizados por separado. Los dos primeros son argumentos puramente políticos, de adecuación entre medios y fines, adecuados para una discusión racional en la que se pondere las venir tajas e inconvenientes de las distintas soluciones. Aunque son o deberían ser los decisivos, no me voy a detener, sin embargo en ellos porque no es de ellos de donde viene el pathos específico de nuestra situación actual, esa ardiente indignación que no sé si está muy generalizada, pero de la que hacen virtuosa ostentación casi todos los que se ocupan de estas cosas en la prensa y en la radio. Una indignación que se nos ofrece como ajena a toda consideración de interés o conveniencia, fruto puro de la sensibilidad moral y democrática de quienes la experimentan; unasanta indignación. De lo que lógicamente se siguen dos consecuencias; una, muy mala: que hemos de consideramos culpables de laxitud moral o de abulia política quienes no nos sintamos dominados por ella; otra, menos evidente y seguramente no querida, pero aún peor: que llegada la hora de la verdad, la responsabilidad política del gobernante demócrata es cosa tan vacía de contenido como la responsabilidad ante Dios y ante la Historia". La necesidad de prevenir estas consecuencias perversas es la que aconseja detenerse un poco sobre lo bien fundado de esta santa indignación, real o fingida.

El razonamiento que la sustenta es claro: aunque no se haya demostrado aún la responsabilidad jurídica de miembros del Gobierno, o de su presidente, en los crímenes del GAL, tenemos ya ahora razones suficientes para pensar que pudieran tenerla. Esa simple posibilidad razonables es, sin embargo, suficiente para considerarlo políticamente responsable de esa gravísima violación del derecho, y obligado por tanto a expiar su culpa presentando su dimisión, o disolviendo inmediatamente las Cortes, o haciendo tanto lo uno como lo otro. Junto a este razonamiento central, se utilizan otros que derivan de él directa o indirectamente y que tienen frecuentemente algunas debilidades inherentes. Pero como no trato de polemizar, ni menos aún, de ofrecer a don Felipe González justificaciones para su empecinamiento, los dejo de lado para volver al núcleo argumental, que es, a mi juicio, muy endeble.

El razonamiento tiene en efecto una relación de. hechos cierta, pero incompleta, y una conclusión apresurada. Es cierto que en la instrucción penal hay indicios, atisbos, o como se les quiera llamar, de que, fuera o no organizado desde el poder, el GAL recibió ayudas del Estado y actuó con su complacencia, y hasta es posible, aunque no lo creo probable, que algún miembro del Gobierno, o su presidente, puedan ser condenados penalmente por ello. Pero con decir esto no se dice todo lo que sobre este asunto sabemos. Que de esos hechos eso puede ser políticamente responsable el presidente del Gobierno, es cosa cierta; que en razón de esa responsabilidad vaya a ser considerado políticamente culpable, es mucho menos seguro ,y hasta improbable y, por tanto, no veo por qué deba escandalizar nos el hecho de que no anticipe él su castigo, dimitiendo de su cargo o disolviendo las Cortes que hasta ahora lo han mantenido en él.

Mis dudas sobre la probabilidad de la condena política y mi resistencia a indignarme me vienen del mismo razonamiento que apoya la indignación, pero completado con esa otra parte de la realidad conocida que en él no se toma en cuenta y que es extremadamente relevante para su conclusión, pues responsabilidad política y responsabilidad penal son cosas muy distintas, aunque todos, y en primer lugar el PSOE y el Gobierno, se hayan empeñado durante mucho tiempo en confundirlas. Perdóneseme por volver una vez más sobre este tedioso asunto.

Entre las diversas acepciones que el término "responsable" tiene en castellano, las dos relevantes aquí son las que el Diccionario de la Real Academia Española coloca en primar y tercer lugar. Ser responsable significa en nuestra lengua, en primer lugar, estar obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona; en tercero, ser culpable de alguna cosa. La conexión entre ambos significados se produce sólo, como es obvio, cuando la persona ante quien se ha de responder considera culpable a quien responde Para ello ha de tener la facultad de hacerlo y esta facultad puede estar limitada por una norma previa o dejada por entero al criterio de quien debe resolver. En eso radica la diferencia entre la responsabilidad política y la penal: los jueces han de consideramos culpables y condenarnos siempre que los actos de los que somos responsables estén definidos como ilícitos por una ley previa, y sólo en ese caso. Por el contrario, quien juzga sobre la responsabilidad política no ha de someterse a regla previa alguna, sino a su propio criterio. Puede considerar que la conducta del responsable merece condena, por lícita que resulte desde el punto de vista del derecho, o irrelevante, y hasta encomiable, aunque sea jurídicamente atroz.

Que el presidente del Gobierno es políticamente responsable, de todo lo que el Gobierno hizo y dejó de hacer, es indiscutible, pero esa responsabilidad sólo se transforma en culpa política cuando así lo decide quien tiene poder para ello, es decir, según la Constitución, las Cortes Generales, que hasta el presente no lo han hecho; ni siquiera lo han intentado.

Naturalmente, esto no significa mucho. Por desgracia, en los sistemas parlamentarios europeos, el órgano a quien se faculta para "exigir la responsabilidad política" del Gobierno, el Parlamento, desempeña muy mal su función por razones que son conocidas y que no viene de ahora. Don Gumersindo de Azcárate, en. un libro excelente, y olvidado, como casi todo entre nosotros, las exponía, hace ya más de cien años y en lo fundamental no han cambiado mucho. Por esa incapacidad de los Parlamentos, tan patente en nuestras Cortes, siltua siendo válido lo que en un. contexto muy distinto afirmaba el viejo liberaL hay que disolver las Cámaras y convocar elecciones cuando hay razones para creer que, el país no se siente ya representado en ellas. Y aquí está la gran cuestión, y eso es lo que se echa en falta en el argumento de que nace la indignación. No hacían falta, muchas, luces para sospechar, ya en 1983, que los GAL contaban en mayor o menor medida con la connivencia. del poder y para advertir. que ni el Gobierno ni su presidente ponían gran empeño en impedirlo. ¿Qué razones puede tener él señor González para pensar que en este punto las Cortes ya no nos representan adecuadamente, que ahora juzga la mayoría de los españoles. contrario al Estado de derecho y condenable lo que durante. 12 años ha tolerado en silencio, ratificado en varias elecciones y en no pocos casos me temo, -aplaudido? ¿Qué razones, morales hay para indignarse, no porque no haya decidida disolver las, Cortes, que ya lo ha hecho, y de manera harto extravagante, sino por no haberlo hecho más aprisa? Razonos políticas para pensar. que hubiera, sido mejor hacerlo antes hay muchas, como no faltan para sostener lo contrario, pero quedémonos en el plano de la política y dejemos en paz la moral y los grandes principios, que son armas peligrosas para usarlas en la contienda política. Al llegar a los tribunales los indicios de la connivencia del poder con quienes violaban las leyes y cometían crímenes, le es más difícil a nuestra sociedad seguir mirando hacia otro lado, pero la necesidad de contar con un chivo. expiatorio es pobre fundamento para la santa indignación,

Francisco Rubio Llorente es catedrático de Derecho Constitucional

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de septiembre de 1995