El Tribunal de Cuentas examinará las finanzas regionales del PP
El Parlamento ordenará al Tribunal de Cuentas antes de final de mes que investigue las finanzas de las sedes regionales y de la central del Partido Popular desde 1986 hasta 1992. La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobará, en una reunión que se celebrará entre el 19 y el 22 de septiembre, una iniciativa presentada per Izquierda Unida en este sentido con la que la federación que lidera Julio Anguita pretende, fundamentalmente, aclarar las relaciones del PP de Baleares con Brokerval, Inverbroker y otras empresas afines. El portavoz de IU en la comisión, Felipe Alcaraz, manifestó que el interés de su grupo reside en aclarar las relaciones del PP con varias empresas constructoras en el caso del túnel de Sóller.Alcaraz precisó que la investigación del Tribunal de Cuentas permitirá también investigar si, tal como publicó ayer EL PAÍS, la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico entregó dinero al PP después de que este partido presentará una iniciativa en el Parlamento asturiano para que aquélla no fuera absorbida por otras empresas.
La propuesta de IU será aprobada por la comisión mixta, ya que contará, al menos, con el apoyo de los grupos socialista, Izquierda Unida y nacionalista vasco -los cuales disponen de la mayoría parlamentaria-, según informaron portavoces de estas formaciones políticas.
El presidente de la Comisión, el socialista Néstoe Padrón, manifestó a Efe que su grupo votará a favor, y recordó que el Tribunal de Cuentas, en sus sucesivos informes de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, siempre ha echado de menos las cuentas de las sedes regionales del PP, así como los ingresos que ha tenido a través de los grupos parlamentarios autonómicos o de las diputaciones.
La donación de Asturias
Por su parte, Fernando Gimeno, portavoz socialista en la comisión de partidos del Congreso de los Diputados, declaró a EL PAÍS que la donación de tres millones en 1993 al PP por Hidroeléctrica del Cantábrico viola la ley de financiación de partidos, que prohíbe aportaciones de empresas que "presten suministros para alguna Administración Pública". Este diputado apunta que dicha compañía eléctrica está incapacitada para realizar donaciones, ya que es concesionaria de la Administración asturiana y sus precios están intervenidos por el Estado. Y añade que si el donativo hubiera financiado la campaña electoral de junio de 1993, como apunta el presidente del PP asturiano, Isidro Fernández Rozada, se habría incumplido además el tope de un millón fijado para esas ayudas.
El PP, que la víspera declinó informar, confirmó ayer que el dinero fue ingresado en la cuenta de "donativos nominales" del Banco de Vitoria, y declarado al Tribunal de Cuentas. Los populares niegan toda relación entre el talón y la iniciativa parlamentaria en favor de dicha empresa que realizó el PP asturiano.
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