Ejercicios de interpretacion.

El muy honorable presidente Jordi Pujol anunció el domingo su nuevo propósito de convocar las elecciones catalanas para marzo o abril. Ejerce así una facultad que le concede el Estatuto de Autonomía y abandona sus planes anteriores, según los cuales los comicios catalanes se iban a celebrar el 19 de noviembre. Así pues, la concertación sobre la secuencia electoral entre el presidente González y el presidente Pujol queda suspendida hasta nuevo aviso. Si las elecciones catalanas no se anticipan a las generales, en teoría quedan abiertas tres posibilidades con probabilidad decreciente, a menos que la máquina judicial desencadenara entre tanto otros acontecimientos. La primera, que se invierta el orden de las convocatorias y vayan las generales por delante de las catalanas. La segunda, que ambas convocatorias se superpongan. La tercera, que las generales sean posteriores.Llegados aquí, para analizar el efecto Pujol conviene tener en cuenta que las declaraciones a La Vanguardia fueron efectuadas el jueves y el viernes, y que el sábado ya habían sido matizadas por el propio interesado. Pero, aun si hubieran de darse por irrevocables, convendría precisar su alcance. Con la Constitución a la vista se comprueba que el proyecto de presupuestos, una vez rechazadas en el pleno las enmiendas de totalidad que presenten, PP e IU, pasaría a la comisión correspondiente, donde se debatirían las enmiendas parciales que, si son rechazadas, pueden aún volver, al pleno. Así las cosas, al Gobierno le bastarían los votos socialistas para sacar adelante su proyecto, salvo que en contrario se sumaran los efectivos de PP e IU, que igualan a los del PSOE, y se añadieran algunos voluntarios. ¿Qué sentido tendría entonces que CiU renunciara a pactar unos presupuestos donde podría introducir elementos beneficiosos a sus intereses, siendo como es consciente de que el Gobierno puede darles vigencia sin su concurso?

Más allá del episodio de los presupuestos, EL PAÍS aclara en su editorial del domingo que disolver las Cortes conllevaría, si hubiera que tramitar suplicatorios, la paralización del procedimiento judicial referente a los GAL hasta la elección y constitución del nuevo Parlamento que suda de las urnas. La nueva legislatura se abriría así con un asunto de primera magnitud en su orden del día.

En todo caso, queda por evaluar si, una vez privado de los cariños de Pujol, el Gobierno estaría en condiciones de continuar su programa legislativo. Enseguida vuelve el recuerdo de aquella afirmación rotunda de Felipe González, el pasado 6 de julio, al concluir la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, aclarando que no estaba dispuesto a "gobernar en minoría, sin estabilidad parlamentaria, dando la imagen de que uno sólo tiene interés por permanecer". Pero, sometida la frase entrecomillada al microscopio electrónico de los intérpretes pierde su inicial claridad por el desacuerdo en torno a qué debe entenderse por "estabilidad parlamentaria". Se recomienda, por tanto, huir de las precipitaciones en las que incurrieron años antes los analistas cuando aquello de "dos por el precio de uno", en los albores del caso Juan Guerra.

En medio de tantas ambigüedades, José María Aznar declara que "es imposible que desde el Ministerio del Interior se organizasen secuestros y asesinatos sin que el presidente del Gobierno lo conociera" y aclara también sobre las pruebas nucleares francesas en Mururoa que su actitud ante Chirac, estaba relacionada "con la defensa de los intereses de España en el exterior y en particular con terceros países". Los recién llegados agradecerían aclaraciones adicionales sobre qué clase de afinidades merecen el respeto de Aznar a prueba de bomba nuclear. Menos mal que al menos Pemán descansa en la catedral de Cádiz y los príncipes Bagration en Georgia, y que José Luis Gutiérrez, asistido por Ansón, ha desarticulado la enésima conspiración del Gobierno, obsesionado en desbancarle de la dirección de Diario 16.