39 inculpados en busca de instructor

El juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, ha colgado la toga. Deja tras de sí un rastro de 39 inculpados pendientes de una eventual apertura del juicio oral, que habría puesto fin a su intervención como instructor en el procedimiento.Con la renuncia de Barbero quedan empantanados 19.000 folios de diligencias, 39 recursos ante el Supremo contra su última resolución y una colección de cientos de miles de documentos contables que difícil mente podrá verse nadie nunca. El magistrado, sobre todo, se ahorra la responsabilidad de la decisión que puede llevar a sentarse en el banquillo de los acusados a algunos de los más ilustres apellidos de la banca y de las grandes empresas del país.

Tras la controvertida renuncia, de Barbero, revestida con el lastimero pretexto de no haber sido amparado por el Poder Judicial frente a unas abruptas declaraciones del presidente ex tremeño, el socialista Juan Carlos Ródríguez Ibarra, la primera tarea del Tribunal Supremo sobre Filesa consistirá en el nombramiento de un nuevo juez instructor entre los demás magistrados de la Sala Segunda. Según el turno establecido, por el magistrado Fernando Cotta tras su acceso a la presidencia, tal honor habría recaído sobre los magistrados, Ramón Montero o Eduardo Moner.

Pero, como no todos los magistrados están de acuerdo con las normas dictadas por el presidente, éstas volverán a ser debatidas en septiembre. De momento, no hay instructor a la vista.

El designado, de todas formas, tardará meses en ponerse al día. La trama financiera y empresarial del caso Filesa reviste especial complejidad y en algunos casos se diluye en intrincadas operaciones de ingeniería financiera, difíciles de entender y más aún de probar.

Junto al documento básico del proceso, el informe de 500 folios de los peritos del Ministerio de Economía y Hacienda, el nuevo instructor deberá estudiarse las 136 declaraciones de que consta la causa (43 de inculpados, 69 de testigos y 24 diligencias de ratificación) y familiarizarse con millares de folios en los que se da cuenta del material acumulado en 47 entradas y registros de empresas e instituciones.

Y eso sólo para empezar. Porque también deberá tomar siquiera somero conocimiento de las avatares de un proceso que generó 63 recursos de reforma, 32 de queja, 11 de súplica, cuatro de nulidad, un incidente de recusación y una apelación, es decir del total de 112 recursos que a Barbero le plantearon los abogados.

Y deberá repasar, aunque sea esquemáticamente, el índice de los centenares de miles de documentos acumulados por Barbero en sus incesantes reclamaciones de facturas, justificantes y extractos contables de las campañas electorales del PSOE.

Paralelamente, los tres magistrados que entienden del caso Filesa tendrán que hacer frente a los últimos recursos de queja presentados por los 39 inculpados contra el auto de inculpación. Antes de irse, Barbero entregó al Supremo el preceptivo informe sobre las quejas, en el que venía a reproducir los mismos argumentos por los que, previamente, él había desestimado otros tantos recursos de reforma.En su auto de inculpación, plagado de la mentaciones que hoy constituyen su verdadero testamento procesal, Barbero dividió a los 39 inculpados en cuatro grupos, según los diversos comportamientos delictivos que apreciaba. En un primer grupo situó a los querellados Carlos Navarro, Josep Maria Sala, Álberto Flores y Luis Oliveró, personas vinculadas, al PSOE que presuntamente diseñaron los métodos de obtención de la financiación irregular para el partido.En el grupo de vinculados a los bancos y grandes empresas se encuentran el presidente del BBV, Emilio Ybarra, y los consejeros de la misma entidad José Ángel Sánchez Asiaín y José Antonio Sáenz de Azcúnaga y el ex presidente del BCH Alfonso Escámez, junto a los gestores de empresas como. ABB, Focsa, Abengoa, Enasa Pryca, Elsan o Camunsa. Básicamente, están acusados de hacer llegar al PSOE a través de Filesa grandes sumas de dinero por informes técnicos que después no han aparecido.

En los otros dos grupos figuraban los proveedores ajenos al holding, que prestaban servicios interrelacionados de publicidad tanto a Filesa como al PSOE (Hauser, el Viso, Mabuse, Dobbs y otras) y los proveedores de Filesa, empresas de la órbita de Aida Álvarez, conectadas financieramente con Filesa.

Pero, en el auto recurrido por los inculpados, la descripción de las conductas no llevaba emparejada la correlativa atribución de responsabilidades. Es decir, por un lado se describían unos hechos y por otro se imputaban unos delitos, pero sin establecer ninguna relación entre unos y otros. En un escrito de casi 30 folios, en el que se atribuían un total de 114 delitos a un colectivo de 39 personas, Barbero no menciona ni un solo artículo del Código Penal. Si el Supremo estima los recursos, corresponderá al nuevo instructor redactar un nuevo auto de inculpación.

Posteriormente, las acusaciones dispondrán de tres meses para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa. Después, el nuevo instructor tendrá que redactar el auto de las grandes decisiones, el de apertura del juicio oral, el que determinará quienes, y por qué delitos, se sentarán en el banquillo, frente a un tribunal, por el caso Filesa.