El Gobierno cántabro ahorra 90 millones anuales al pasar de 20 asesores a sólo dos
El nuevo Gobierno de Cantabria ahorrará 90 millones de pesetas anuales por la simple reducción a dos de los 20 asesores con que contaba la Diputación cuando era presidida por Juan Hormaechea (Upca). Estos datos fueron facilitados ayer por su sustituto, José Joaquín Martínez Sieso (PP), quien puntualizó que ahora sólo se han producido dos contrataciones de personal eventual de confianza, que originaba un gasto anual de -más de 100 millones en sueldos. Los 18 suprimidos se repartían entre Presidencia (10); Cultura (4) y Obras Públicas, Sanidad y Turismo (2 cada una).
Martínez Sieso calificó de "francamente mala" la situación financiera que ha hallado en la Diputación, al carecer de presupuestos para 1995 y estar funcionando con los de 1994, lo que crea, señaló, "serios problemas" a la nueva Administración. La deuda acumulada es de 46.000 millones de pesetas.Ahora se han conocido las carencias que obstaculizaban el normal funcionamiento de las consejerías, cuyas partidas habían sido reducidas por el -anterior Consejo de Gobierno de 4.000 millones a sólo 1.400. Sus nuevos titulares tienen instrucciones de redactar cuanto antes un informe sobre sus necesidades.
La precariedad de medios económicos para gastos elementales alcanza incluso a la presidencia de la Diputación, al no disponer de fondos para abastecerse de agua y vasos, por lo que ha habido que transferir 20.000 pesetas de otra partida para resolver el problema.
Algunos funcionarios -han revelado que en los últimos tiempos se vieron obligados a comprar de su bolsillo los útiles de limpieza que precisaban para hacer presentables sus despachos. Otros manifestaron que carecían de teléfono a causa de las deudas con Telefónica y que en algunos casos habían tenido que adelantar el importe de los sellos para la correspondencia urgente.
Mientras tanto, según fuentes de la oficina de su procurador, Hormaechea tenía previsto presentar ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo por la que fue condenado a 14 años de inhabilitación y seis de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos.
