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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

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SI LAS palabras y el tono de la intervención pública de ayer del secretario de organización de los socialistas son reflejo cabal de lo ocurrido en la reunión de la comisión ejecutiva de su partido, éste está en una situación mucho peor de lo que sospecha el propio Ciprià Ciscar. Porque resulta simplemente lamentable que a estas alturas los dirigentes reunidos se concentren en manifestar la "coincidencia en la unidad y solidaridad en torno al liderazgo del secretario general" y al parecer no se plantearan siquiera un análisis sobrio de las causas del deterioro político y de las salidas de la actual situación.Porque es este deterioro el que ha llevado a su secretario general, Felipe González, a plantear el adelanto electoral y a sugerir que él no será ya candidato. Es comprensible que los socialistas no quieren dar la impresión de que la implicación de González en el sumario de los GAL -que consideran profundamente injusta- les induce a debatir su sucesión. Pero si la discusión sobre su relevo era absolutamente necesaria antes de la llegada al Su premo de dicho sumario, hoy lo es aún más. Es como si temieran los reunidos en Ferraz que hablar de ello pudiera ofender a González, cuando fue precisamente él quien, con muy buen sentido, lo había planteado. Así no se hace política, sino imaginería.

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Los ciudadanos están viéndose obligados a plantearse dilemas morales extremos. Desde el Gobierno como desde la oposición se les dice que lo que está en juego no es un eventual cambio de Gobierno, sino el futuro de la democracia. Aznar y Anguita llevan casi dos años pidiendo el adelanto electoral con el argumento de que, los escándalos han deslegitimado al partido vencedor en las elecciones de 1993 y privado de autoridad moral a Felipe González para seguir presidiendo el Gobierno. El alegato final de Aznar en el debate de la semana pasada, acusando a González de pretender mantenerse en el poder por interés personal, a fin de esquivar sus responsabilidades penales, constituye un monumento a la mala fe.

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La estrategia de "cuanto peor, mejor" que tan concienzudamente han seguido Aznar y Anguita consiste básicamente en una profecía autocumplida. Gracias sin duda a la inmensa colaboración de compañeros de viaje de diversa catadura de cuya compañía muy pronto podrían arrepentirse ambos. Para todos ellos, el hecho de que el jefe del Gobierno quisiera agotar una legislatura para la cual fue elegido y en la que contaba con una mayoría de apoyo parlamentario era una amenaza a la democracia.

Ahora, el PSOE quiere convencer a la ciudadanía de que la amenaza para la democracia es precisamente el relevo de González. Pues ni lo uno ni lo otro. Cierto es que esta dinámica la ha propiciado el PSOE a base de negar la evidencia y atribuir su pérdida de credibilidad a maniobras desestabilizadoras de sectores antidemocráticos. Por hipócritas que sean muchos denunciantes e infames que resulten sus móviles, los hechos son incontestables. Hubo financiación ilegal del PSOE, el Ministerio del Interior fue una bolsa de corrupción, y los GAL funcionaron al menos durante dos años sin que nadie hiciera nada desde el poder por evitarlo. Hechos todos ellos de los que derivan responsabilidades políticas inevitables. Son esos hechos los que han determinado la retirada de apoyo por parte de Pujol y la decisión de González de convocar elecciones a comienzos de 1996.

Es cierto que, una vez establecido ese compromiso, Aznar tuvo ocasión de demostrar cierto nivel de estadista en la defensa de la estabilidad del sistema, cambiando su discurso de la exigencia de elecciones, inmediatas por el del planteamiento de sus propuestas de gobierno. Aunque sólo hubiera sido para evitar llegar al poder por la vía de la eliminación previa de su rival, un precedente que quizá algún día se vuelva contra él. Pudo más la inercia y su temor al castigo de los nuevos cancerberos mediáticos, esos que se arrogan el poder de dictar la política de este país sin. pasar por las urnas y que han de demostrar todos los días que son capaces de provocar una crisis política y de determinar su desenlace.

Es cierto que son muy influyentes en la sociedad española estos sectores cuyo objetivo capital es echar del poder a Felipe González. Y que no han tenido escrúpulo alguno en recurrir a todo tipo de métodos, muchos inmorales y canallas, otros directamente ilegales. Pero la identificación entre la continuidad del presidente y la del sistema demócratico que hace la Comisión Ejecutiva del PSOE es falaz. Resulta por ello inquietante que la forma de expresar la solidaridad con González tras su implicación por un juez en la guerra sucia contra el terrorismo de ETA, por muy discutible que parezca, tal medida con los datos que actualmente se saben, sea convocar una conferencia "en defensa de la democracia, el Estado de derecho y la autonomía de la política frente a sectores ajenos a la soberanía popular".

Llamar a movilizaciones de adhesión personal a González bajo el manto de la defensa de la democracia es equivocarse en el análisis de la situación, en los objetivos y las prioridades entre los mismos. Es volverse a equivocar en casi todo.

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