García Damborenea condiciona la entrega de documentos a la libertad de Sancristóbal

Ricardo García Damborenea acudió ayer a declarar llamado por Baltasar Garzón. El juez le pidió que le entregase los documentos de que disponga para avalar su versión sobre la fundación y estrategia de los GAL. Pero Damborenea no quiso colaborar.Básicamente, indicó al juez que todavía no se dan las condiciones para una colaboración plena, en clara referencia a que el ex director general de Seguridad, Julián Sancristóbal, permanece en prisión, pendiente de una resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El ex secretario general del PSOE de Vizcaya no fue tajante, dio largas a Garzón y señaló que en el caso de que disponga de documentos, éstos. deben estar "muy empolvados".

Damborenea rectificó ante el juez su manifestación anterior respecto a que el secuestro de Marey estuvo relacionado con el del capitán Alberto Martín Barrios. "Lo sustancial lo he sostenido, aunque no me acuerdo de todas las películas que he visto", dijo a la salida.

"De lo que no me equivoqué", abundó, "fue de siglo ni de Gobierno ni de partido ni de presidente. Que nos veíamos con frecuencia no lo puede discutir nadie. No siempre fue en La Moncloa y no siempre constaron los registros de entrada".

"Supongamos que el presidente dice la verdad", agregó. "Entonces tal vez todo sea un mal sueño, aunque no se entiende lo que pasó. Ahora, si se acepta lo que yo digo se entiende todo de una manera sencilla y natural".

Respecto a la filtración de la declaración de Damborenea, que fue publicada por el diario El Mundo coincidiendo con el debate sobre los GAL en el Congreso, ayer se conoció que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, antes de irse de vacaciones, pasó una copia de la declaración a su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Carlos Granados.

Éste, previsiblemente, informó al Gobierno del contenido de la declaración. [El fiscal general del Estado es accionista del diario El Mundo].

Granados está obligado a informar al Gobierno, de acuerdo con el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La citada disposición dice textualmente: "El fiscal general del Estado informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal ( ... ) En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros".

Fuentes jurídicas han cuestionado la legalidad de que Granados hubiera informado al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, si es que la información se produjo, debido precisamente al obstáculo legal de que la causa en la que se produjo la declaración, el caso GAL, está declarada secreta.