El PSOE pide al Consejo de Estado que estudie el caso de los 'chirimbolos'

Juan Barranco, portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento, pidió ayer al Consejo de Estado (el más alto órgano consultivo del Estado) que emita un dictamen sobre la legalidad del contrato de los chirimbolos, adjudicado a la empresa Cemumasa hace un año. Las dudas sobre esa adjudicación surgieron tras conocerse públicamente que el presidente de Cemumasa, Jean-Claude Decaux, fue condenado en 1992 por soborno al alcalde de Lieja (Bélgica).

La Ley de Contratos del Estado de 1965 (vigente hasta el 8 de junio pasado). Prohíbe a las administraciones públicas contratar con personas españolas o extranjeras que estén procesadas o condenadas por determinados delitos, entre ellos el soborno y el cohecho. Pero los tribunales españoles no han sentado jurisprudencia sobre la aplicación de esa ley a los ciudadanos que se han saltado leyes no españolas (en este caso, la belga). El alcalde, José María, Álvarez del Manzano, no ha encargado un informe jurídico al secretario general y máxima autoridad administrativa del Ayuntamiento, Mario Corella, y éste tampoco ha resuelto por su cuenta el dilema.También ayer, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Herrera, dijo en conferencia de prensa, que el contrato relativo a la adjudicación del mobiliario urbano a Cemumasa contraviene la normativa europea. Herrera señaló: "Hemos despejado las dudas sobre lo que la normativa europea contempla en relación a la adjudicación de contratos a personas que han sido condenados por delitos de soborno o cohecho".

Capítulo II, artículo 20

En este punto, el portavoz de IU hizo referencia a una directiva europea publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 9 de agosto de 1993, en cuyo capítulo II, artículo 20, dice: "Podrá ser excluido de la participación en los contratos todo proveedor que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que afecte a la moralidad profesional".