El coste de ampliar al Este la UE, excluido de la reforma de Maastricht

Los Quince han decidido podar el frondoso árbol de la reforma del Tratado de Maastricht de cuantas ramas obstaculicen su crecimiento. Los debates sobre las perspectivas financieras de la unión Europea (UE) para después de 1999 y sobre el impacto que la ampliación al Este tendrá sobre el bolsillo de Bruselas y sobre las políticas comunes (agrícola, fondos estructurales) han quedado aplazados hasta después de la Conferencia Intergubernamental (CIG) que en 1996 debe decidir la reforma.

La unanimidad en estas dos cuestiones fue tan explícita y rotunda en la unión del Grupo de Reflexión preparatorio de la CIG que, en la práctica, aunque sus propuestas no sean ejecutivas, ambos temas quedarán descartados de la agenda hasta después de la reforma. Así, la conferencia podrá concentrarse en tres asuntos; cómo hacer más común la política exterior, cómo integrar mejor las políticas de justicia e interior (migración, extranjería, delincuencia, droga), -en qué puntos y hasta qué punto reformar las instituciones y los mecanismos de adopción de decisiones. La modificación del sistema de recursos propios que nutren el presupuesto (el actual sistema rige hasta 1999), será polémica. "Es de tal trascendencia, que su discusión cargaría excesivamente la conferencia", resumió el presidente del Grupo de Reflexión, Carlos Westendorp. El asunto podría tratarse "paralelo" aventuró.

Igualmente, aunque "ha habido unanimidad en que la ampliación debe realizarse, por imperativos políticos y éticos", la CIG "no debe discutir sus condiciones concretas y su impacto sobre las políticas cómunes", sostuvo Westendorp, porque su sola discusión "pondría en peligro la ampliación y la propia conferencia". El presidente del grupo se mostró personalmente a favor de que las negociaciones de adhesión del Este empiecen en cuanto termine la conferencia.

Con la vista puesta en esta poda general de cuanto pueda distraer de pocos objetivos, pero sustanciosos, los representantes de los ministros de Exteriores se mostraron partidarios de no elevar a categoría de políticas comunes las de energía, turismo y protección civil, contra la idea de la Comisión. "No necesitamos hacer más, sino hacer mejor lo que a hacemos", reiteró Westendorp. Aunque algunos países sí se mostraron dispuestos a ampliar la cooperación en estas políticas.

En cambio, la necesidad de impregnar todo el tratado de los objetivos de creación de empleo y facilitar un desarrollo sostenido respetuoso del medio ambiente sí alcanzaron la unanimidad. Lo que no está maduro es cómo hacerlo: algunos pretendían elevar el Comité de Empleo al mismo rango que el Comité Monetario, pero otros -entre ellos España, el país con mayor índice de paro- recelan de esta propuesta, por temor a ser, también en esto, castigados.

También hubo consenso en la necesidad de dejar las disposiciones sobre la unión, monetaria (calendario y requisitos de convergencia) tal como están en el Tratado de la Unión; en no modificar sustancialmente el sistema legislativo (directivas y reglamentos); y en no otorgar al Comité. de las Regiones legitimación activa para acudir directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.