La persistencia de la sequía eleva a 12 millones el número de afectados por la escasez de agua

El fuerte calor que invade la mitad sur del país ha acelerado el descenso de las reservas de agua para el consumo doméstico. Sólo quedan 2.293 hectómetros cúbicos de los 8.000 que habla almacenados en 1990 en las cinco cuencas del sur, donde los abastecimientos de 12 millones de personas están técnicamente agotados. El Ministerio de Obras Públicas tiene diseñado un plan para buscar fuentes adicionales de recursos con vistas al próximo año, pero su elevado coste -90.000 millones- lo mantiene parado, a la espera de un crédito extraordinario de Economía y Hacienda.

El agua que se consume estos días para sofocar la ola de calor no hace sino disminuir los escasos recursos que aún se almacenan para aguantar hasta el otoño, época en la que se sitúa la recuperación de los embalses. La experiencia de que la sequía pueda mantenerse, como ha sucedido en los últimos cinco años, coloca en una pésima posición las reservas de los embalses para afrontar la primavera y el verano de 1996. Los 8.000. hectómetros cúbicos de reservas que almacenaban los embalses de las cinco cuencas hidrográficas más secas (Guadiana, Guadalquivir, Sur, Júcar y Segura) se han quedado en 2.293, según datos tomados el 18 de julio.Un informe sobre la situación de estas reservas, remitido por Obras Públicas al Consejo de Ministros en febrero pasado Í calculaba que si no llovía en la primavera de este año quedarían comprometidos en otoño los abastecimientos de ocho millones de personas. Las áreas con sus reservas "técnicamente agotadas" se situaban en La Mancha, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz, Jaén, Granada, valle del Guadalquivir y toda la costa levantina, desde Castellón a Benidorm. Salvo las localidades de Levante, abastecidas en parte por el trasvase Tajo-Segura, el resto padece restricciones.

Las cifras que ahora se manejan elevan hasta 12 millones el número de personas afectadas, cuatro millones más que en la evaluación de febrero.

Algunas de las iniciativas puestas en marcha al amparo del decreto ley de sequía en febrero están paralizadas por la oposición de autoridades locales. El Ayuntamiento de Tolox, en Málaga, ha logrado la suspensión de unas prospecciones de investigación en la sierra de las Nieves por temor a que se lleven agua de su subsuelo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá en breve si se continúa la búsqueda de agua subterránea con destino a la Costa del Sol. No ha sido un hecho aislado.

Sofoco en Hacienda

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó un paquete de drásticas medidas contra el uso abusivo del agua donde escasea. El Ejecutivo estudia la adopción de planes de emergencia para 1996, por un coste que ronda los 90.000 millones de pesetas, que comprende instalación de desaladoras, transporte de agua en buques cisterna, nuevas conducciones... Este precio no puede asumirlo el Ministerio de Obras Públicas, según fuentes del departamento, ya que obras de emergencia adoptadas con anterioridad han comprometido su presupuesto para 1995. El listado de obras y su coste se ha remitido a Economía y Hacienda para que avale la concesión de un crédito extraordinario, pero el elevado montante de la petición ha provocado sofoco a los guardianes de las arcas públicas. Se resisten a dar el visto bueno en un momento de restricciones presupuestarias.

Con todo, es posible que el Gobierno adopte una decisión después de haberlo estudiado en los últimos consejos de ministros y remita para su convalidación, por el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del próximo jueves, un decreto ley donde se contemple el llamado plan metasequía y otras medidas extraordinarias que anticipan propuestas del Plan Hidrológico Nacional.

En lo que concierne a los usuarios que abusan, se autoriza a las autoridades hidráulicas a cancelar sus concesiones de agua si cometen faltas graves de las recogidas en la Ley de Aguas. Alas confederaciones hidrográficas se les otorga capacidad de revisar las concesiones si una auditoría hidráulica acredita que se despilfarra o hace un uso poco eficiente del agua. En este caso no procederá otorgar compensación económica alguna al infractor que pierde o ve revisada la concesión.