El presunto estafador de Brokerval insiste en que fue socio de Matutes, pero niega haber financiado al PP

El mallorquín Francisco Berga, consejero delegado de la quebrada financiera Brokerval, insistió ayer en que estuvo asociado, y mantuvo relación personal con el eurodiputado del PP Abel Matutes, desde 1987 hasta 1990. El político lo había negado, dijo no conocer a Berga y se desvinculó de las operaciones económicas del ex recluso. Berga ha permanecido ocho meses en laprisión de Palma, tras huir a Panamá el pasado verano al descubrirse el mayor escándalo financiero de Mallorca. El caso destapó supuestas vinculaciones entre Brokerval y la concesionaria del túnel de Sóller.

Según el testimonio de Francisco Berga, sus contactos con Abel Matutes eran "frecuentes y esporádicos" y fueron en razón de la participación que el eurodiputado y su familia mantuvieron en la firma Inverbroker Baleares, creada por Berga. Citando, en mayo de 1990, el Banco Matutes de Ibiza fue vendido al Instituto Sanpaolo de Turín, la asociación finalizó, de acuerdo con la versión del quebrado hombre de negocios.Abel Matutes aseguró desconocer al cerebro de Brokerval cuando estalló el escándalo de la quiebra y se reveló el supuesto manejo de 200.000 millones de pesetas en dinero negro. Berga afirmó ayer que tiene de Matutes "una consideración personal, e incluso política, muy elevada", pero precisó que puede detallar los días que ambos han comido y cenado juntos y le perdonó "la laguna de memoria".

El ex preso, que se encuentra en libertad bajo fianza de 50 millones de pesetas decretada contra el criterio del juez Miguel Moreiras de la Audiencia Nacional, está acusado de presunta estafa, falsedad documental, apropiación indebida y fraude fiscal.

Las investigaciones de la policía establecieron tras la quiebra que Brokerval podría haber abonado comisiones ilegales al PP y a altos cargos del Gobierno balear, en pago por la adjudicación del túnel del Sóller.

Sin embargo, Berga negó que su empresa entregase cantidad alguna al Partido Popular, aunque reconoció que el ex presidente balear Gabriel Cañellas era titular de un depósito de 4.166.666 pesetas, que atribuyó al partido. En su opinión, la reciente renuncia de Cañellas como presidente autonómico "no la ha provocado el caso Brokerval, sino otros hechos".

"Me cuesta creer que desde la concesionaria del túnel se pagaran comisiones ilegales al PP", indicó Berga, quien explicó así que su sociedad no ofreciese donativos al partido que lidera José María Aznar: "Entre otras razones, porque nunca fuimos beneficiarios de operaciones [de instituciones controladas por el PP] que reportasen a Brokerval cantidades significativas, sino todo lo contrario".

El caso Sóller, que ha derivado en el cese de Gabriel Cañellas también como presidente del PP, nace de las supuestas comisiones pagadas por la empresa del túnel de Sóller, cuya financiación gestionó Brokerval. Estas donaciones, de enero de 1989, son anteriores a la gestión de Berga, según éste da a entender.

El financiero negó tanto que el fiasco económico de Brokerval haya provocado, indirectamente, la dimisión de Cañellas, como el cese de Luis Piña, ex consejero de la sociedad, como gerente de la Universidad de Baleares. Igualmente se desmarcó de la baja y dimisión del teniente fiscal Ricardo Leiva, que perdió 30 millones de pesetas de una inversión. Tampoco quiso explicar si es cierto que manejó irregularmente 90 millones de pesetas, la herencia del pintor Xim Torrents, de la que era albacea.

El fracasado hombre de negocios mallorquín denunció asimismo que el antiguo vicepresidente del Gobierno español, Narcís Serra, presionó al Gobierno de Panamá, cuando Berga fue detenido hace ocho meses, para que le deportaran rápidamente a España. Descalificó a la Policía de Delincuencia Económica, al líder de Izquierda Unida de Baleares y al del Partit Socialista de Mallorca, y censuró las informaciones de EL PAÍS sobre su caso. Reconoció también Francisco Berga que "existía una relación personal de antes de nacer" con el juez instructor Pedro Barceló, circunstancia que cree que le ha perjudicado por la instrucción "rígida" y "mediatizada" a la que el magistrado se ha visto sometido.