La paradoja del coronel

La pieza central del gran rompecabezas desplegado sobre las movedizas arenas de un cúmulo de sospechas y denuncias nunca probadas es el laureado coronel de la Guardia Civil, primer jefe de Intxaurrondo (Guipúzcoa), máximo experto de la lucha contra ETA, Enrique Rodríguez Galindo (Granada, 1939). De forma paradójica, el hombre al que se ha mantenido durante años bajo el foco de una duda, soterrada al principio y luego clamorosa, expresada incluso públicamente por parlamentarios del PNV, jamás ha sido llamado a declarar por los jueces o los fiscales que han investigado la presunta trama. Y es que en este endiablado asunto, plagado ciertamente de paradojas, lo que ocurre es que las sospechas aventadas por quienes filtraron los datos en su día han ido siempre muy por delante de los indicios suficientes y de las pruebas obtenidas en una investigación cortocircuitada políticamente en sus comienzos y boicoteada después por quienes vieron en ella un ataque desleal y en toda regla al primer jefe de Inxtaurrondo.En el informe Navajas, elaborado por la Fiscalía de San Sebastián con fecha 12 de mayo de 1989, las referencias textuales al entonces teniente coronel de la 513 Comandancia y a punto de ser ascendido a general -el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha anunciado que llevará el nombramiento a un próximo Consejo de Ministros- le situaban "directamente conectado al grupo de supuestos contrabandistas y narcotraficantes formado por José Antonio Santamaría, Manuel Carballo y Ramón Ezcurdia, con los que, al parecer, ha tenido periódicas reuniones en un chalé propiedad de Ezcurdia y situado en algún punto de La Rioja. Posee, al parecer, importantes bienes inmobiliarios (11 viviendas) distribuidos por diversos puntos del territorio nacional y registrados siempre a nombre de sus hijos. Como dató interesante se recalca que, pese a residir durante los últimos nueve años en Guipúzcoa, no figuran datos suyos como contribuyente. La investigación al mismo habría de hacerse con sumo cuidado al ser un elemento destacado de la lucha antiterrorista".

A la vista del nombre de Rodríguez Galindo, el fiscal general de la época, Javier Moscoso, optó por guardar en su cajón las diligencias previas que el propio fiscal donostiarra, Luis Navajas, le entregó en mano. Una actitud asimilada como "la típica reacción de vértigo" Ante lo trascendente del caso, de miedo a que la honorabilidad del guardia civil más condecorado, del primer espada contra ETA, quedara arrumbada en el escándalo.

El asunto permaneció dormido durante año y medio, pero una copia de ese informe llegó al entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán, a través, quizá, del propio vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, o del secretario de organización del PSOE, José María Benegas.

La Dirección General de la Guardia Civil elaboré a continuación un informe, origen de las diligencias 491 / 91, instruidas posteriormente por el juez Fernando Andreu, en el que, tras subrayar la escasa credibilidad de las fuentes acusatorias, se exculpaba al jefe de Intxaurrondo de buena parte de las imputaciones establecidas en el informe Navajas. Así, se afirmaba que "no se ha sabido de relación alguna entre Rodriguez Galindo y José Antonio Santamaría Vaqueriza" y se indicaba que el primer jefe de Intxaurrondo rompió la relación amistosa que mantuvo con un tal Luis Astiazarán Iraola, "distribuidor habitual de cocaína", según se indicaba en el informe Navajas, al tener noticias que relacionaban a este último con actividades ilícitas.

En el informe ordenado por la Dirección de la Guardia Civil, conocido como el contrainforme, se añadía que Rodríguez Galindo inició en ese momento una investigación sobre las supuestas actividades de Astiazarán y que él mismo "solicitó la intervención de su teléfono en l986". Según ese escrito, "el chalé situado en algún punto de La Rioja" al que se hacía referencia en el informe Navajas era probablemente "la casa de Oyón", propiedad de Astiazarán. La "relación amistosa" entre el entonces teniente coronel y el sospechoso de narcotráfico se explicaba en el contrainforme argumentando que este último "es una de esas personas que alardean de ser simpatizantes del cuerpo y son conocidas las relaciones de este señor con bastantes otros jefes y oficiales que están o han estado destinados en unidades de la quinta zona". El mismo informe descartaba igualmente la posibilidad de que Rodríguez Galindo hubiera intervenido en la adjudicación de la obra del acuartelamiento de Intxaurrondo al antiguo contrabandista y constructor Ramón Ezcurdia Fagoaga, a quien uno de los confidentes interrogados por Navajas consideraba "socio" del jefe de la 513 Comandancia. Tras anotar que Ezcurdia fue inculpado por contrabando de tabaco por fuerzas de la Guardia Civil de Guipúzcoa en dos ocasiones durante 1982, el contrainforme señalaba que Rodríguez Galindo desempeña el cargo de jefe de la comandancia desde el 23 de junio de 1986 y que la obra del acuartelamiento de Intxaurrondo, en la que "intervinieron hasta cinco empresas", finalizó entre 1979 y 1980.

Los investigadores no encontraron los 11 pisos atribuidos a Rodríguez Galindo. "El cuarto lo re o", ha repetido insistentemente el coronel, para quien la primera cifra es el resultante de la suma de las viviendas adquiridas a lo largo de su vida tanto por él como por sus hijos y de los inmuebles de un sevillano que responde a su mismo nombre y apellidos. Tampoco la investigación por la Guardia Civil de "las cuentas corrientes de sus familiares en tercer grado", como afirmó en su día el siguiente fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, dio fruto alguno. Cuando, tras la filtración a la prensa, Torres decidió finalmente dar luz verde a la investigación judicial y poner en manos del fiscal donostiarra los medios humanos y materiales solicitados, el juez Andreu no consideró necesario u oportuno investigar las cuentas del jefe de Intxaurrondo ni intervenirle el teléfono.

Lo cierto es que los anónimos contra Rodríguez Galindo empezaron a circular hace ya siete años. En uno de esos estos remitidos a medios de comunicación se afirmaba que el jefe de la Guardia Civil en San Sebastián "tiene o ha tenido bastantes relaciones con Amedo, Navascués y una mujer francesa que es de los GAL. Este jefe maneja mucho dinero y como ejemplo dicen que tiene un coche Mercedes, propiedades inmobiliarías en Zaragoza, Santander..., inversiones en Bolsa".

[El ex comisario Francisco Álvarez, ex responsable de la lucha antiterrorista, ha declarado al juez Baltasar Garzón que Enrique Rodríguez Galindo era uno de tres jefes del instituto armado implicados en el GAL verde, el de la Guardia Civil].

El anónimo, firmado a nombre de Patxi-Jon, indicaba que Galindo "tiene íntima amistad con el director Roldán y el abogado Argote y se vanagloria de mandar más que los generales y coroneles -él [entonces] es sólo comandante- y dice que puede hacer lo que quiera porque sus superiores le tienen miedo por lo que ha hecho. Hace unos dos años fueron detenidos en Irún un sargento y dos números de ese cuerpo que eran íntimos colaboradores suyos y llevaban pistolas entregadas por Galindo iguales a las de los GAL. Estaban robando y les detuvo la policía y han recibido cantidad de dinero y ayudas de Galindo para que no hablen, saben mucho de las andanzas de los GAL".

El sargento detenido al que aludía el anónimo es, sin duda, Enrique Dorado Villalobos, condenado por la Audiencia de San Sebastián en tres ocasiones: la primera, por torturas; la segunda, por robo, atentado y tenencia ilícita de armas, y la tercera, por cohecho en complicidad con el grupo de José Antonio Santamaría. Expulsado en junio último de la Guardia Civil, Dorado Villalobos figuraba en el informe Navajas como colaborador de Santamaría y de José Luis Miguéliz Areta y perteneció de hecho al núcleo de confianza de Rodríguez Galindo en Intxaurrondo. Ante uno de los tribunales que le juzgó, Dorado se revolvió, iracundo, cuando la acusación particular aludió a Rodríguez Galindo. "Nadie puede manchar al honorable coronel Galindo", proclamó.

Por otra parte, el comandante Máximo Blanco López, mano de recha hasta 1993 de Rodríguez Galindo, fue trasladado fulminantemente después de que se descubriera que había pedido dos millones a José Manuel Olarte Urreizti,Plomos, un supuesto contrabandista y narcotraficante que fue asesinado por ETA, y de que, mientras era investigado, formulase en 1992 una denuncia secreta ante mandos del cuerpo contra su superior y otros oficiales implicándoles en operaciones de contrabando cuyos beneficios se utilizaban en la lucha contra ETA.