El listón de Aznar

JOSÉ MARÍA Aznar ha puesto tan alto el listón de las responsabilidades políticas en los casos de corrupción relativos al PSOE que no puede rebajarlo ni una pulgada cuando se trata de los que atañen a su partido. Y éstos no le faltan últimamente. Al supuesto caso de corrupción relacionado con la concesión de las obras del túnel de Sóller, en Baleares, se añade ahora la condena por prevaricación de Miguel Pérez Villar, su consejero de Economía en la época en la que el actual líder del PP presidía la Junta de Castilla y León.El primero está todavía sub júdice. Pero en el segundo ya existe una condena definitiva por parte del Tribunal Supremo. Poco importa, en todo caso, esa diferencia a la hora de exigir las responsabilidades políticas, si las hay, a quien correspondan. El líder del PP mantiene que las responsabilidades políticas, precisamente porque son distintas de la penales, no pueden ir a remolque de lo que decidan los tribunales. Deben exigirse de inmediato y alcanzar al máximo responsable en la cadena de mando.

Sin embargo, en el caso del ex consejero de Economía de la Junta de Castilla y León Miguel Pérez Villar, condenado ayer por el Supremo a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de prevaricacion, nadie del PP se ha sentido hasta ahora políticamente afectado. Las responsabilidades políticas derivadas de esa conducta en el ejercicio de un cargo público siguen en blanco. 0 para mayor exactitud, los dirigentes regionales del PP han conseguido una pirueta en su razonamiento: eI responsable político del caso Pérez Villar -es Felipe González y no José María Aznar, a fin de cuentas quien le eligió para ese cargo y quien le mantuvo en el mismo sin la adecuada vigilancia.

Es cierto que Pérez Villar ha sido absuelto del delito de fraude, del que también era acusado, circunstancia en la que se apoya el PP para intentar convertir al acusador particular, el PSOE, en acusado. Pero los dirigentes del PP no pueden escudarse en esa absolución para minimizar la condena por prevaricación y el propio carácter de este delito. La conducta del antiguo consejero de Economía de Castilla y León -dictar resoluciones injustas al amparo del ejercicio del poder, consistentes en conceder subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa- es una de las más definitorias de la corrupción política. Los tribunales han establecido las responsabilidades penales que la justicia y la sociedad exigen. Y éstas sólo pueden recaer sobre quien ha sido declarado autor del delito. Si nos atenemos a la doctrina Aznar, alguien más tendrá que asumir la responsabilidad política que se deriva de un hecho delictivo cometido al amparo de un cargo público de libre designación.

Esta misma doctrina es la que, con los convenientes matices, le lleva inexorablemente a no tardar un minuto más en cerrar políticamente el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP vinculada a la adjudicación de las obras del túnel de Sóller a un socio privado del presidente popular del Gobierno balear, Gabriel Cañellas. La aplica correctamente antes de que los tribunales digan su última palabra sobre la presunta dimensión delictiva del asunto y con una cierta laxitud, es decir, demasiado tarde, en relación al momento en que sucedieron, pero eso sí, justo cuando la publicidad del escándalo amenazaba con estropear su cuidadosa estrategia de acceso a La Moncloa. "Nadie puede tirar por la borda el trabajo de tanta gente", ha sentenciado Aznar en relación con este caso. Aunque ese "nadie" sea uno de los barones del PP con más peso político propio.

Lo cual puede plantear algunas dificultades al dirigente nacional de PP. Hoy se verá si Cañellas está dispuesto a servir en bandeja su cabeza en aras de las responsabilidades políticas que Aznar le exige. Pero éste no podrá retroceder ante ningun desafio, si quiere ser coherente con su rigorista doctrina. Dicha doctrina afecta ahora de lleno a quien es el máximo responsable del Gobierno y del Partido Popular en Baleares, y afecta de forma retroactiva al propio presidente del PP, a menos que se reconozca el carácter puramente instrumental y oportunista de la teoría Aznar, pensada para pedir la dimisión de Felipe González, pero sin ninguna vocación de aplicación general.