Pérez Villar, condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricar cuando era consejero con Aznar

JOSÉ YOLDI. Miguel Pérez Villar, de 49 años, ex senador del PP y consejero de Economía de la Junta de Castilla y León cuando José María Aznar la presidía, fue condenado ayer por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricador (dictó a sabiendas resoluciones injustas). Por lo tanto, Pérez Villar, que concedió de forma irregular subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa, no podrá ser elegido para ningún cargo público en el Gobierno, comunidad autónoma o Ayuntamiento. El ex consejero y su esposa, Rosario Carballo, fueron absueltos del delito de fraude del que estaban acusados.

Junto a Pérez Villar, y por el mismo delito continuado de prevaricación, ha sido condenado Javier Valenzuela Seoane, que era director general de la Consejería de Economía cuando se concedieron las subvenciones., No obstante, la condena a Valenzuela es sólo de seis años y un día de inhabilitación por no ser el autor genuino del delito, sino cooperador necesario.La sentencia señala que Pérez Villar aprobó de manera personal y directa los expedientes de las subvenciones "conociendo su clara ilegalidad por chocar frontalmente con la normativa de aplicación". Valenzuela, por su parte, presentó los expedientes para su aprobación "conociendo sobradamente la ilegalidad de las propuestas".

El Supremo ha absuelto a todos los acusados de cualquier clase de responsabilidad civil porque no se acreditó que se hubieran producido daños a la Administración del Estado. Precisamente porque el daño producido no, fue grave, el Supremo impuso las penas a Pérez Villar y Valenzuela en su grado mínimo.

La sentencia declara probado que Pérez Villar había dirigido un, despacho de asesoramiento fiscal y laboral de empresas en León entre cuyos clientes figura ban diversos empresarios y sociedades mineras. Cuando en 1987 fue designado consejero de Economía de la Junta, dejó a su mujer, Rosario Carballo, al frente del despacho, que continuó la labor de asesoramiento.Subvenciones a clientes

En los años sucesivos, hasta 1991, la Consejería de Economía concedió diversas subvenciones a la minería de la comunidad, siete de las cuales recayeron en clientes del despacho, que habían seguido pagando por el asesoramiento. La sentencia señala, sin embargo, que entre 1988 y 1989 las subvenciones a los clientes del despacho ascendieron a casi 550 millones de pesetas, cantidad exigua frente al total de esos años, que fue de casi 3.000 millones.

Además, algunas empresas clientes del despacho no consiguieron la subvención y otras de las que las obtuvieron no llegaron a recibirla o la recibieron minorada, por lo que el Supremo considera que no se han aportado pruebas para acreditar la existencia de fraude.

"No puede sostenerse razonablemente que la retribución de un asesoramiento fiscal y laboral pueda devenir en delictiva por una mera incompatibilidad que ni siquiera estaba determinada normativamente cuando ocurrieron los hechos", precisa la sentencia.

Respecto al delito de prevaricación, la sentencia destaca que fue la Consejería de Economía la que dictó una orden que desarrollaba el decreto que fijaba el régimen de ayudas a la minería. Pérez Villar firmó esa orden en calidad de consejero, y el decreto, juntamente con el presidente de la Junta, a la sazón José María Aznar. En las citadas normas se especificaba que los beneficiarios de las ayudas tendrían que ser necesariamente empresas que desarrollasen su actividad en Castilla y León.Sin actividades mineras

La empresa Recursos Naturales (Renasa) solicitó subvenciones para la realización de estudios sobre la minería a pesar de que no tenía actividades mineras en la comunidad. El Servicio Territorial de Economía informó negativamente la ayuda, pero Valenzuela presentó una propuesta favorable y Pérez Villar la aprobó, aunque ambos conocían que infringían las disposiciones aplicables.

Otra de las empresas subvencionadas fue Minas de la Ventana, con cargo a conceptos como

"intervenciones coyunturales, fondo social minero, formación minera y mejora de la seguridad minera". Los casi 14 millones de ayuda le fueron entregados con cargo al fondo social minero para el pago de indemnizaciones a obreros despedidos. La empresa estaba en suspensión de pagos y dejó de indemnizar a 40 mineros, por lo que tuvo que hacerse cargo de los pagos el Fondo de Garantía Salarial.

Tanto a Pérez Villar como a Valenzuela les constaba, "con claridad meridiana", según la sentencia, que la línea del fondo social minero era para ayudar a empresas que incurrieran en ex tracostes por ajustes derivados de inversiones dirigidas a conse guir mayor competitividad, pero no, "de ningún modo, al pago de indemnizaciones por despido".