Condenados dos ex altos cargos por el 'caso de las tragavaperras'

Francisco Morillo, ex delegado de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en Sevilla, y Manuel Cortés, ex director general del Juego del Gobierno regional, han sido condenados a un año y medio de cárcel cada uno por el caso de las tragaperras como autores de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.La sentencia de la Audienciá Provincial de Sevilla condena también a los dos procesados por prevaricación [adoptar resoluciones injustas a sabiendas] a siete años de inhabilítación.

El fallo condena además a tres empresarios, Manuel Mora, Manuel Fernández y Emilio Martín Valero, que se beneficiaron de la liberalización parcial del sector, a un año y medio por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. Mora ha sido inhabilitado seis años por inducción a la prevaricación. La sentencia absuelve a cinco funcionarios y a un empresario malagueño.

Manuel Mora y Manuel Fernández fundaron Recreativos Astigi, en octubre de 1987, con la "finalidad de obtener rápidos e importantes beneficios", según el fallo, ya que el primero "tenía trato con altas personalidades políticas de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía" y esta relación le permitió saber que se "estaba proyectando liberalizar en cierta medida el mercado de las tragaperras

A finales de 1987, los empresarios compraron 375 máquinas para instalarlas en un local con capacidad para 30 tragaperras. La Delegación de Gobernación denegó la tramitación de las licencias, ya que no se permitía tener máquinas almacenadas. Cuando Mora supo la resolución, "se personó en la sede de la Delegación" pidiendo que se aprobasen sus solicitudes y adujo que "venía de la Consejería, en clara alusión a sus relaciones con los altos cargos políticos".

Morillo, entonces delegado de Gobernación, consultó con Cortés, ex director general del Juego. Pocos días después, Cortés autorizó la tramitación permitiendo que las máquinas pudieran almacenarse sin necesidad de ser explotadas.

En enero de 1988, Cortés firmó la orden de liberalización de las tragaperras. Astigi adquirió las 375 máquinas a 225.000 pesetas y las vendió entre las 400.000 pesetas y 1.125.000.