Cañellas advierte que la decisión de dimitir debe partir de él y ser aceptada por el PP de Baleares
Gabriel Cañellas declaró ayer que la decisión de dimitir debe partir de él y le corresponde aceptarla "al partido de aquí [Baleares]". El presidente del Gobierno regional contestó así a la exigencia de dimisión de José María Aznar por el caso Sóller, el presunto cobro de comisiones ilegales por el PP de las islas. "A nadie le gusta que tomen las decisiones por él", agregó Cañellas. La dirección del partido le ha ofrecido que él mismo organice su sucesión y espera una solución rápida, aunque aún no tiene ninguna garantía sobre la dimisión.
Aznar y Cañellas discrepan sobre la aplicación de responsabilidades políticas por el caso Sóller. Cañellas intenta ganar tiempo e involucrar en su actitud defensiva a la organización balear. Para curarse en salud, fuentes próximas a Aznar señalan que, pasado un plazo razonable, el partido se vería obligado a tomar cartas públicamente en el asunto, pero confían en que todo quede resuelto este fin de semana, en la ejecutiva del PP balear convocada por Cañellas.Al dejarle libertad para designar a su sucesor, la dirección pretende facilitarle el trago y subrayar que no existe una descalificación hacia su labor política, sino una presión obligada por las circunstancias. "Tiene que irse, pero no deja de ser tina injusticia", declaró ayer un miembro de la dirección del PP. "No hay nadie inculpado, ni el presidente aparece citado en las investigaciones. Es un. resultado de las circunstancias políticas y de la obligación inexcusable que tiene el partido de mantener la coherencia".
Aznar recibe hoy las conclusiones de la investigación interna que encargó a Carlos Argos, secretario de la comisión de conflictos. Según el texto, no existió prevaricación porque la adjudicación de las obras del túnel fue correcta, pero se recibió dinero de forma irregular.
Informe interno
El presidente del PP conocerá hoy el contenido del informe de Argos. La idea de que las adjudicación de las obras del túnel no causó perjuicio a terceros y fue correcta coincide con la estrategía defensiva ante los jueces del PP de Baleares, cuyo principal objetivo es que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad sobresea la querella por prevaricación de IU.
El Banco San Paolo entregó ayer al tribunal los movimientos de las cuentas del PP en la entidad correspondiente a los ejercicios de 1989 y 1990, que le habían sido requeridos dentro de la investigación.
Cañellas se entrevistó con los más señalados dirigentes insulares del partido y con sus hombres de confianza. Por dos veces recibió al presidente del Parlamento regional, el democristiano Cristóbal Sóler. Mantuvo también una larga consulta con el abogado del PP y del Gobierno balear en el caso Sóller, Rafael Perera.
El presidente balear reconoce que hay discrepancias con la dirección nacional sobre el grado y el nivel de las responsabilidades políticas. El caso Sóller se sustancia en dos sumarios judiciales paralelos, uno por presunta prevaricación y otro por estafa contra el empresario del túnel, que recoge las suspuestas comisiones al partido. "No hay una imputación directa al PP, ni ningún condenado ( ... ) Existe una denuncia y una información policial que está por justificar", indicó a TVE.
La crisis del PP de Baleares ha paralizado la actividad institucional del presidente regional tras la visita a Mallorca de la comisión interna de investigación y la inmediata petición de dimisión que le planteó Aznar.
Tras conocer el informe de la comisión, Aznar tiene prevista una nueva reunión con el presidente regional. Luego, la junta directiva del PP balear decidirá el camino a seguir y cómo se articulan la eventual renuncia de Cañellas y la de su máximo colaborador, el secretario general y consejero José Antonio Berastain.
La hipótesis de una ruptura con el PP nacional y la creación de una formación regionalista de derechas es una vía lejana. Cañellas se refirió ayer a la cuestión de este modo: "Es una meditación que requiere mucho tiempo y nunca la ha de tomar una persona. No rne la planteo ni dejo de hacerlo".
En relación con el caso Sóller, el presidente del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, declaró que cada partido debe ocuparse de la garantizar la limpieza de su financiación y cumplir a rajatabla la normativa. Almunia pidió al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial del PP de Baleares, como hizo con el PSOE a raíz del caso Filesa.
Por su parte, el coordinador de IU en Baleares, Eberhard Grosske, que presentó la querella por prevaricación en la adjudicación del túnel de Sóller, declaró en Madrid que las dimisiones exigidas por Aznar no son una "asunción de responsabilidades políticas", sino "un intento de anticiparse a la decisión de los jueces", informa Rodolfo Serrano.
Grosske acusó a Aznar de conocer y consentir otras irregularidades del Gobierno balear y dijo que si se demuestra que estaba al tanto de las comisiones del túnel de Sóller debería asumir responsabilidades personalmente.
