Llaneras aduce que se "limitaba a recomendar" a las constructoras

El general de la Guardia Civil Manuel Llaneras rechazó ayer ante la juez Ana Ferrer los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que le son imputados en el caso Roldán. Su abogado, Miguel Bajo, adujo que Llaneras se "limitaba a recomendar la invitación a las constructoras implicadas" y que era Roldán quien realizaba la elección, pues su cliente no tenía capacidad para adjudicar obras. Blanca Rodríguez-Porto, esposa del ex director de la Guardia Civil, a la que la juez dio 24 horas para depositar los 150 millones de fianza para hacer frente a la responsabilidad civil, negó los cargos presentados contra ella.

Blanca Rodríguez-Porto llegó a los juzgados elegantemente vestida pasadas las nueve de la mañana y estuvo ante la juez apenas 15 minutos. Tal como ya había adelantado su abogado, la mujer de Roldán rechazó los delitos que ;se le imputan en el auto de procesamiento: malversación de caudales y un delito contra la Hacienda Pública.El martes, el ex director general de la Guardia Civil rompió su habitual silencio ante la titular del juzgado que instruye su causa para tratar por todos los medios de exculpar a su esposa, repitiendo la, idea de que "sólo hacía lo que yo le mandaba".

Según el auto, Blanca defraudó a Hacienda más de 88 millones y malversó 70 millones de pesetas de fondos públicos. Además, conocía perfectamente la procedencia ilícita de los bienes de su marido, al que ayudó a ocultarlos participando en la apertura de cuentas corrientes en Suiza. y en la compra de inmuebles. Además, era socia de la empresa instrumental Europe Capital constituida por Roldán para ocultar su patrimonio. Su abogado manifestó que Blanca se ve procesada sólo por ser "la mujer de Roldán".

La magistrada Ana Ferrer dio a Blanca Rodríguez-Porto un plazo de 24 horas para que deposite la fianza de 150 millones de pesetas que le exige en el auto de procesamiento para cubrir su responsabilidad civil. Si pasado ese plazo tal cantidad no hubiera sido entregada, el juzgado procederá a embargar sus bienes, le advirtió la juez. La mujer de Roldán ya tuvo que hacer frente a una fianza de 50 millones para poder salir de la cárcel de Brieva (Ávila), donde estuvo internada un mes. En aquella ocasión alegó falta de medios económicos suficientes, por lo que el juzgado aceptó en pago el embargo de una finca familiar en Zaragoza.

Por su parte, el general Manuel Llaneras negó ante Ana Ferrer que hubiera utilizado su cargo como Jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil para influir en la adjudicación de obras a dos empresas, Construcciones Salido y Construcciones Brues, supuestamente afines. Según manifestó su abogado, el catedrático de derecho penal, Miguel Bajo, "se limitó a recomendar la invitación a las constructoras implicadas". Bajo dijo además que es imposible que a Llaneras se le pueda imputar el delito de prevaricación, pues no tenía capacidad para adjudicar obras. Según el letrado, era Roldán quien lo decidía cuando la facturación era inferior a 10 millones de pesetas. Cuando se superaba esta cifra y no llegaba a 2.000 millones, la responsabilidad correspondía al secretario de Estado, Rafael Vera. Las sumas superiores eran adjudicadas por el Consejo de Ministros.Bajo negó también la imputación de tráfico de influencias -Llaneras es el único procesado por tal delito- porque en las fechas que contempla el auto esta figura no estaba todavía tipificada (no fue incluida en el Código Penal hasta marzo de 1991). Para el letrado las imputaciones sobre Llaneras "están en el aire y no tienen sustento alguno". Según Bajo Fernández, el que la adjudicación de obras venga "orientada en un sistema de adjudicación directa es inevitable, necesario e imprescindible, porque no se va a adjudicar a ciegas"

Este letrado volvió a actuar ante la juez representando también a otros dos procesados por el mismo auto, los directivos de Cubiertas y MZOV Antonio y Manuel Mesa Buxareu. A ambos hermanos se les imputa un delito de cohecho. Según el auto de procesamiento, su empresa pagó a Roldán 114 millones de pesetas en comisiones, a cambio de locual consiguió ser agraciada con obras por un importe total de más de 4.000 millones de pesetas, durante el mandato del anterior director de la Guardia Civil. Los Mesa negaron los hechos. Miguel Bajo calificó dichas acusaciones como "flojas".

El último en acudir ayer ante la juez fue el amigo de Luis Roldán Agustín Blázquez López. Blázquez está también acusado de cohecho por haber actuado como intermedario en el pago de comisiones procedentes de la empresa Aspica al ex director general de la guardia civil, lucrándose con ello. Su abogado Eugenio Rubio manifestó que, pese a negar las imputaciones, no recurrirían el auto como parte de la "estrategia" procesal.

Hoy finalizan las comparecencias de los 14 imputados del caso Roldán con la presencia de Elisa Rodríguez López, ex novia del anterior director general del instituto armado -que está acusada de cohecho por haberse quedado supuestamente con dinero de las comisiones que recibió en su día Luis Roldán-, y de José Herminio Lastra. Este último es vicepresidente de la constructora Aspica y pagó supuestamente una comisión al ex director de la Guardia Civil de más de 17 millones de pesetas (de la que también se benefició Elisa), por lo que está también acusado de cohecho. Hasta ahora todos los imputados, salvo Agustín Blázquez, han anunciado su intención de recurrir el auto y tienen de plazo hasta el domingo.

También el representante de la acusación particular, que está ejercida por el empresario Ruiz-Mateos, apelará el auto de procesamiento por considerarlo insuficiente. El abogado Marcos García Montes solicitará el procesamiento de "altos mandos de la Guardia Civil" y la citación de los ex ministros del Interior José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Antonio Asunción, así como de Rafael Vera.