Aborto ampliado

EL GOBIERNO ha decidido remitir al Congreso el proyecto de ley de ampliación del aborto en el momento en que el pacto con Pujol parece tocar a su fin. No ha sido, pues, esta proyectada ampliación a un cuarto supuesto de la despenalización del aborto (cuando la mujer debidamente asesorada lo decida dentro de las primeras 12 semanas del embarazo) la causa de esa previsible ruptura, aunque sí es el primer pretexto enarbolado para jus tificarla en caso de que se produzca. La lectura en clave de política coyuntural de esta ley ha sido la norma durante estas semanas, y mucho nos tememos que los juicios sobre ella sigan estos derroteros.Sin embargo, no es bueno echar sobre este proyecto de ley una sobrecarga política que vendría a sumarse a la controversia ideológica que suscita. Interesada y erróneamente, . por cierto. Pues no puede ser ideológica una norma que no sólo no impone nada, sino que trata más bien de evitar que otros decidan desde el exterior -jueces, fiscales, médicos, asociaciones antiabortistas...- lo que, en primer término, corresponde decidir a la mujer. Sobre la decisión de abortar. pueden confluir, como es lógico, diversidad de consideraciones de tipo moral y religioso, pero eso no es contradictorio con un tratamiento no penal del problema. Al aborto hay que sacarlo del Código Penal. No es ése su lugar. Ni son delincuentes ni pueden ser consideradas como tales las mujeres que deciden responsable y libremente interrumpir su embarazo.

Por eso, cualesquiera que hayan sido las motivaciones del Gobierno para presentar ahora, y no antes o más adelante, este proyecto de ampliación del aborto, hay que felicitarse de que lo haya hecho. Del mismo modo que hay que lamentarse de que el Partido Popular amenace con anular esa ley en el futuro si cuenta con, mayoría parlamentaria suficiente para ello. Todas las fuerzas políticas con vocación de gobierno, y no meramente testimoniales, deberían coincidir en la legimitidad del Estado democrático para establecer un marco de solución legal equilibrado y voluntario del aborto, al que pueda acogerse la mujer que decide interrumpir su embarazo. Como sucede en Francia o Alemania, entre otros países europeos.

Algunos han afirmadio que el establecimiento de este marco legal no es una prioridad social. Falso. Afecta a muchas mujeres. Pero también a la pareja e incluso al núcleo familiar. Y el Estado está obligado a facilitar el marco que no obliga a nadie, pero que posibilita la solución pacífica del conflicto siempre traumático del aborto. Para que la decisión de abortar no comporte riesgos de salud y de cárcel. Y para que sea lo más fundada y responsable posible.

Ésa, es la salida que un Estado democrático debe dar al problema del aborto. No la de imponer desde la fuerza de la ley penal una solución represiva. Tampoco constriñendo a la mayoría social a aceptar determinadas concepciones filosóficas y biológicas sin duda respetables -la del feto como un ser humano inocente-, pero que distan de suscitar la unanimidad entre los ciudadanos y van contra la tradición jurídica de los códigos penal y civil. El proyecto del Gobierno responde a esos criteritos.