La sentencia sobre las torres de KIO "abre las puertas del caos", según IU

VIENE DE LA PÁGINA 1"Sería terrible que se estableciera como cultura jurídica que una ilegalidad urbanística, por el hecho de estar consolidada, puede legalizarse; eso sería el imperio de la ilegalidad", añadió.

Herrera se refirió a la construcción de las torres de KIO como una de las "leyendas negras del urbanismo madrileño" y "una de las historias más oseuras de la ciudad".

"El Ayuntamiento ha amparado, bajo gobiernos del PSOE, CDS y PP, una operación urbanística financiera que favorece intereses privados que presionan sobre la administración pública".

Los derechos históricos sobre los terrenos de la plaza de Castilla determinaron que la ficha contenida en el Plan General de 1985 asignase una edificabilidad de 125.000 metros cuadrados. El mismo documento establece que el máximo coeficiente de edificabilidad que se permite en bloques es de dos metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo.

El fallo anulado

Pero el estudio de detalle que desarrolla la zona asigna esa edificabilidad a una parcela de 55.312 metros cuadrados, de modo que el coeficiente de edificabilidad resulta ser de 2,259 metros cuadrados por metro cuadrado.

El Tribunal Superior de Madrid había anulado el estudio de detalle por ese exceso de edificabilidad (15.000 metros cuadrados de más, si se respetaba la determinación de la norma sobre el coeficiente), pero ahora el Supremo interpreta que las normas urbanísticas sólo obligan a los estudios de detalle a cumplir determinados artículos y no otros, entre ellos, el relativo al coeficiente de edificabilidad de dos metros cuadrados por metro cuadrado.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, registrador de la propiedad de profesión, considera que, dado que los estudios de detalle tienen como principal función ordenar los volúmenes de edificación (situar la edificabilidad sobre la parcela) y establecer las alineaciones, es plenamente coherente que el Tribunal Supremo considere que no tienen que cumplir las determinaciones que el Plan General establece para las construcciones (ya sean en manzana cerrada o abierta, en colonias, etcétera) supera la edificabilidad que establecía la ficha", señala Del Río. "Cuando el Plan General dice que en una zona se hará un posterior estudio de detalle, también se dice cuál es la edificabilidad máxima, que normalmente concuerda con el coeficiente", arguye.

"En todo caso, el Plan General de 1985 no lo redacté yo, y además, en caso de discrepancia, in dubio pro reo, hay que favorecer al administrado". En el caso de las torres de KIO, el administrado era el Gobierno de Kuwait a través de sus oficinas de inversiones internacionales.

El concejal asevera que la sentencia respeta en todo un artículo del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la ley sobre régimen del suelo enarbolado por Herrera para sustentar su tesis. Ese artículo se refiere a la finalidad de los estudios de detalle y establece que éstos no podrán suponer "aumento de ocupación del suelo ni de las alturas máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni de incrementar la densidad de población, ni alterar el uso exclusivo o predominante. Se respetarán en todo caso las demás determinaciones del Plan".

A Estrasburgo

La asociación familiar San Cristóbal, una de las principales enemigas declaradas de las torres de KIO, anunció ayer que recurrirá esta sentencia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

Esta agrupación de vecinos recibió otra sentencia del Tribunal Supremo en 1993 similar a ésta. En aquel caso, la asociación recurría contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaba, a su vez, un recurso presentado contra el estudio de detalle. Otra sección del mismo Tribunal Superior (otros magistrados) anuló después el estudio de detalle, cuya discusión sus compañeros de trabajo no quisieron ni siquiera admitir a trámite.

Los vecinos del barrio de Castilla argumentarán ante esos jueces que el sistema de ejecución que el estudio de detalle establecía para la plaza sería por compensación, pero no se constituyó la junta correspondiente porque sólo existía un propietario. Este punto es negado rotundamente por la asociación, que considera el estudio de detalle nulo de pleno derecho por este motivo.

L. O. La justicia es lenta, se dice. El Supremo ha tardado más de tres años en dictar la sentencia que legaliza las torres de KIO. Los funcionarios municipales no parecen mucho más ágiles a la hora de comunicar las sentencias recibidas. A pesar de que el Colegio de Procuradores envió la sentencia al Ayuntamiento el 23 de marzo (el fallo lleva fecha de 6 de febrero pasado), ni el secretario general, Mario Corella, quien es la máxima autoridad administrativa municipal, ni los políticos conocían ese documento. Ni siquiera el portavoz de IU, Paco Herrera, había recibido la sentencia a pesar de que su grupo político era parte demandante en el proceso.

Tampoco el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, había leído los 11 folios de la sentencia. Herrera explica que, por un "increíble sobreentendido", se envió una sola copia al Ayuntamiento, ya que demandante y demandado pertenecen a esta institución. "Tenían que haber dado cuenta al pleno de la sentencia; no sé por qué no lo han hecho", añade.

"Podían haber rentabilizado políticamente la sentencia, puesto que les da la razón, durante la campaña electoral, pero alguien metió los papeles en el cajón, y hasta hoy", señala.