Los populares amenazan con querellas contra los policías la que investigan por informar "sobre simples sospechas"

La dirección del Partido Popular contempla "con enorme sorpresa" el desarrollo de las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal de su organización en Baleares y acusa a los investigadores policiales del Grupo de Delincuencia Económica de facilitar información "sobre simples sospechas" de forma perjudicial para los intereses del partido. "Vamos a estudiar la posibilidad de querellarnos contra esos policías", declaró ayer un portavoz.Para los populares es sorprendente la difusión de un cúmulo de informaciones sobre operaciones económicas presuntamente irregulares "sin que nadie del PP haya sido imputado aún de nada ni nadie haya sido citado siquiera a declarar".

Las quejas se extienden al hecho de que el juzgado número 1 de Palma de Mallorca, que instruye las diligencias sobre una presunta apropiación indebida en la empresa concesionaria del túnel de Sóller, ha negado la personación del PP en la causa.

De estas diligencias derivan las sospechas sobre el pago de comisiones, al interpretar los' investigadores policiales que parte o todo el dinero retirado sin justificación contable de la concesionaria pudo acabar en manos del PP.. "Por lo visto, aparecen referencias frecuentes al partido y se nos impide personarnos, es decir, saber lo que hay de verdad y poder defendernos" argumentan en Génova 13, la sede central del PP.

La dirección mantiene la esperanza de que la situación "se clarifique en los próximos días" y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares decida archivar la querella de Izquierda Unida por prevaricación continuada en la concesión del túnel de Sóller.

Según el PP, todos los testimonios recabados hasta ahora por el juez apuntan a que la concesión del túnel de peaje "fue legal y correcta y no se le puede hacer ninguna objección técnica". Sostiene también que las prórrogas para la construcción del túnel "son normales" y "muy frecuentes en obras públicas de importancia como las autovías".

El tribunal superior podría, no obstante, reclamar las actuaciones del juzgado número 1 para acumular ambas causas o recibir estas diligencias por propia iniciativa del juez de instrucción, Pedro Barceló, si éste entiende que existen indicios de delito en la actuación de José Antonio Berastain, el secretario general del PP de las islas. Berastain está aforado por su condición de consejero del Gobierno regional. El juez Barceló está de vacaciones y no es previsible que el magistrado que le sustituye adopte una decisión hasta su regreso al juzgado, el próximo mes de agosto.

Por otra parte, el PP de Baleares y la sede central de Génova 13 "están haciendo un gran esfuerzo" para atender el requerimiento del tribunal superior de Baleares, que les ha solicitado la contabilidad completa del segundo semestre de 1989, año al que se remontan las supuestas comisiones. Según los populares, la contabilidad del partido en las islas. fue revisada sin ninguna objección por la junta electoral y el Tribunal de Cuentas y al haber pasado cinco años no existe obligación de guardarla.