CiU hace inventario antes del divorcio

En junio de 1993 el PSOE ganaba por cuarta vez las elecciones generales casi contra pronóstico, pero esta vez sin mayoría absoluta. Acababa la política económica dictada durante ocho años por el todopoderoso ministro de Economía Carlos Solchaga y empezaba la época de los acuerdos con los nacionalistas catalanes de CIU. La vieja aspiración de éstos, trasladada en esta ocasión a eslogan electoral, Ahora decidiremos, se convertía en realidad.En estos dos años, una oposición deseosa de echar a Felipe González lo más pronto posible ha dicho de todo contra los acuerdos entre socialistas y nacionalistas, especialmente que éstos sacaban tajada de su apoyo al Gobierno. y que los pactos eran secretos e iban contra los intereses generales de España. Jordi Pujol ha anunciado que este martes expondrá el balance de estos dos años de colaboración en una conferencia pública. Un avance de ese balance se adelanta en las líneas siguientes.

La colaboración entre CiU y el PSOE ha girado en tomo a dos ejes principales: política socioeconómica y política autonómica. La primera, orientada obsesivamente al fomento de la llamada economía productiva. La segunda, a mejorar el techo, competencial de las autonomías y en particular de la catalana.

El PSOE y CiU han pactado dos presupuestos del Estado y se encaminan a acordar el tercer presupuesto en medio de grandes diferencias. Mientras que el Gobierno quiere cortar casi dos billones de gasto en dos años para llegar al déficit del 3% del PIB que marca el Tratado de Maastricht, CIU quiere dilatar el ajuste y propone que se haga en tres.

La economía productiva

En el terreno económico, el llamado giro hacia la economía productiva puede resumirse en tres grandes cambios. Los dos primeros han sido la mejora de la tributación de las empresas y la aprobación de la reforma laboral. El tercero ha sido una imposición de los mercados financieros, aunque Pujol ha querido atribuirse el cambio: abandonar el sueño de mantener una peseta artificialmente fuerte gracias a unos tipos de interés elevados y aceptar su devaluación. Al final, los tipos de interés han bajado casi cinco puntos para estimular la economía y ha sido posible el espectacular tirón exportador de los dos últimos años.

La forma elegida para atajar la crisis ha sido calcada de las anteriores: devaluar. La economía española no había sido capaz de ganar competitividad por sí misma. Los tipos de interés, la inflación y los salarios subían. Las cuatro devaluaciones de la peseta han logrado dar a la economía una competitividad que, aunque artificial, le ha permitido exportar más y volver a crecer a la espera de que se recupere la inversión y el consumo, lo cual ya empieza a producirse.

En el terreno fiscal, los impuestos a las empresas que se han retocado han sido tres sucesiones, amortizaciones y patrimonio. La reforma del impuesto de sucesiones ha sido caballo de batalla de la patronal durante los últimos años. Aquí el principal cambio ha sido doble: dar más plazo al heredero para pagar el impuesto y elevar la participación mínima en la empresa para tener que tributar. Se ha suavizado la doble tributación de los dividendos, que hasta ahora pagaban dos veces: por impuesto de sociedades, primero, y por renta cuando declaraba el empresario. Y se ha ampliado el tope de amortización y por tanto se ha dado la posibilidad de reducir los beneficios, a cambio de creación de empleo. Otro gran acuerdo, no exento de tensión, ha sido la subida del IVA decidida el año pasado a cambio de la bajada de las cuotas sociales.

La otra gran pata de la colaboración entre socialistas y nacionalistas catalanes ha sido la aprobación de la reforma laboral. Con ella, se ha eliminado la autorización administrativa para llevar a cabo despidos colectivos, aunque con ciertos topes según el tamaño de la empresa; se ha aprobado la movilidad territorial y funcional por causas económicas y tecnológicas, y se ha dado más poder de negociación a empresas y sindicatos para regular sus convenios colectivos. Se ha favorecido la contratación temporal en detrimento de la fija, un aspecto que ahora CiU propone corregir.

Quedan pendientes temas en los que no ha habido acuerdo. Asuntos como la reforma del impuesto de sociedades, los horarios comerciales (los socialistas quieren libertad total y los nacionalistas controles a la apertura en festivos), la ley del cable (CiU quiere que la competencia para autorizar la televisión por cable sea autonómica) y la modificación de las leyes de costas, suelo y aguas, aún están sobre la mesa.

En octubre de 1993, en plena negociación de los presupuestos para 1994 entre CiU y el Gobierno, y después de años de negociación y polémicas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó la cesión a las comunidades autónomas del 15% de la cuota líquida del IRPF, como fórmula provisional para involucrar a las autonomías en la corresponsabilización fiscal. El acuerdo implica la existencia de un techo y un suelo para que ninguna autonomía se vea excesivamente beneficiada (Cataluña y Madrid, esencialmente) o perjudicada en demasía (Canarias, Andalucía o Extremadura) en sus ingresos. Según cálculos previos, en 1994 a Cataluña la nueva fórmula le suponía un aumento de ingresos de 2.700 millones de pesetas; a Andalucía, 1.640; -a Madrid, 1.735; a Baleares, 192, etcétera.

La fórmula debe ser revisada en 1996, pero el Gobierno ha comunicado a la Generalitat su voluntad de prorrogarla. Jordi Pujol ha expresado su descontento, pero también su disposición a aceptarlo siempre que se elimine el techo. En su opinión, este sistema penaliza a las comunidades más recaudadoras, que coinciden con las que son motores de la economía, y no favorece a las demás porque no las incentiva.

Financiación sanitaria

En diciembre de 1994, y coincidiendo en este caso con las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, la Generalitat logró otro de sus objetivos, que benefició también a otras comunidades con competencias en materia de sanidad, al fijarse un nuevo sistema de financiación para el periodo 1994-1997, que mejoró parcialmente la situación. La asignación de recursos a estas comunidades autónomas se fijó de acuerdo con unos nuevos coeficientes. En el caso de Cataluña ese coeficiente supuso un incremento de recursos de unos 6.000 millones anuales, pero fue Galicia la comunidad más beneficiada, con unos 7.000 millones anuales extras. El acuerdo se refería también al saneamiento financiero de las deudas generadas en los años 1992 y 1993. El volumen de deuda reconocido para el conjunto del sistema sanitario se fijó en 290.000 millones de los que a Cataluña le correspondían 45.000 y a Galicia 17.625, liquidables en los años 1994, 1995 y 1996.

Aunque no se cerró el acuerdo para compensar a las comunidades por la atención a desplazados (quedó postergado hasta 1996), sí se reconoció la deuda existente por este concepto en el periodo 1986-1993, que en el caso de Cataluña sumaba 19.800 millones.

La administración territorializada del Fondo de Cohesión Europeo ha sido otro de los logros obtenidos por CiU y la Generalitat, pese a la resistencia del ministro Josep Borrell. En septiembre de 1994 se llegó a un acuerdo para que los 73.000 millones destinados a medio ambiente se administraran así: 15.000 millones por las corporaciones locales; 29.000 millones por la Administración central, y 29.000 millones por las comunidades autónomas. Los 109.500 millones para transporte los gestionarán la Administración central (98.500 millones) y las comunidades autónomas (11.000). La Generalitat tiene previsto recibir 12.000 millones por medio ambiente y 6.000 por transporte.

La legalización de las agencias de colocación sin fines lucrativos, prevista en la Ley sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación de 1994, ha permitido a la Generalitat la creación del Servicio Catalán de Colocación.