Denegado el archivo de la denuncia contra el Gobierno

El magistrado del Tribunal Superior de Baleares Juan López Gayá ha decidido proseguir la instrucción sobre la denuncia y posterior querella de Izquierda Unida contra el Gobierno balear, del PP, por un presunto delito continuado de prevaricación, entre 1988 y 1995, en la concesión y prórrogas del túnel de peaje de Sóller (Mallorca).

El empresario que ganó el concursó público del túnel, Antonio Cuart, es socio privado del presidente balear, Gabriel Cañellas, y está acusado en otro sumario de entregar 50 millones de pesetas en supuestas comisiones ilegales al PP, dos meses después de recibir la adjudicación de la citada obra. El juez no se ha pronunciado. sobre la conexión entre el supuesto cobro por el PP de fondos y la concesión de esta obra, la de mayor envergadura de Baleares.El PP había solicitado el archivo de las diligencias en el Tribunal Superior, por falta de pruebas, después de las primeras declaraciones en este caso, que fueron, las del consejero de Obras Públicas, Tomeu Reus, y su predecesor en el cargo Jerónimo Saiz.

El fiscal Ladislao Roig se opuso al archivo de la causa e instó la práctica de nuevas pruebas testificales. La tesis de la acusación radica en demostrar que la concesión fue irregular e injusta, e injustificadas las prórrogas.

En septiembre de 1994, el Parlamento balear, con mayoría conservadora, creó una comisión de estudio sobre las circunstancias de la concesión y las incidencias de la obra. Políticos y técnicos que comparecieron en la asamblea de diputados están citados ante el Tribunal Superior.

El túnel de Sóller, de tres kilómetros de largo, será un negocio que en los 23 años que quedan de concesión ingresará unos 50.000 millones por cobro de peaje de ve hículos. La oferta ganadora que dó clasificada tercera entre cuatro licitadores, pero el Gobierno balear afirma que los vecinos afecta dos la propugnaban frente a las demás. El antiguo consejero de Obras Públicas, Jerónimo Saiz, puntuó la propuesta de Cuart con cero puntos en los apartados de construcción e impacto, canon y financiación y solvencia.

El empresario Cuart, a quien se atribuye financiar de manera irregular al PP, al margen de este sumario ante el Tribunal Superior contra los consejeras del PP, está acusado en dos sumarios de presunta estafa, falsedad y apropiación indebida y fraude fiscal.

En un caso, en el Juzgado de instrucción número 1 de Palma, aparece como supuesto pagador de 50 millones de pesetas en comisiones, y en el otro, en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, está inculpado por la compra de una factura falsa de 131 millones de pesetas.