Prisión paya destierro calé

"¿Hay castigos, en vuestra cultura gitana parecidos a la privación de libertad?", pregunta Ramón Sáez avezado juez de instrucción de Madrid. le contesta, vivaz, Carmen Santiago, una abogada gitana de Córdoba: "No, porque nuestro lema es suerte, salud y libertad". El diálogo se produjo el pasado viernes en la sede de la asociación Jueces para la Democracia, en un encuentro entre juristas payos, y gitanos para buscar conjuntamente soluciones a problemas de menores, racismo y marginación en el ámbito penal, social, penitenciario y policial.Los juristas payos fueron, además de Sáez, la decana de los, juzgados de Madrid, Manuela Carmena; el fiscal de menores Félix Pantoja; y la juez de lo Social María Antonia Lozano. Por parte de los juristas gitanos, además de la abogada Santiago, otros dos letrados andaluces: Diego Luis Fernández, de Córdoba; y Juan Flores, de Sevilla. Les acompaña el secretario general de la Unión Romaní, Chimo L.Bustamante, que reside en Valencia.

Pantoja reconoce el fallo de, no haber tomado contacto hasta ahora con las organizaciones gitanas. Pide ayuda para definir el desamparo de los menores, "no confundible con un niño mal vestido". Bustamante corta, rápido: "¡Gitano no es sinónimo de marginalidad ni de malvivir!". Y sonríe. Carmena, poco amiga de teorías, propone una estancia de 10 o 15 días en el seno de una familia gitana, "para aprender su cultura y su justicia". Fenández reconoce que Ios gitanos no entenderían que un no gitano estuviera presente en la aplicación de la justicia gitana". Explica que son los ancianos, los tíos, hombres de respeto, los que la aplican, "nunca penas de cárcel, sino de destierro".

Flores aclara que la justicia gitana es una forma "de arbitraje o de mediación, nunca impuesta, basada en la aceptación de las partes". Sáez muestra su interés por esa justicia, "frente a la tendencia a penalizarlo todo". Los juristas gitanos se muestran favorables a que se penalice no sólo el racismo, sino la negativa al acceso de un gitano a un trabajo o a una vivienda. Sáez insiste en la conveniencia de "civilizar los conflictos, y advierte de la contradicción de reclamar el respeto a la diferencia y luego utilizar, el sistema penal".

Lozano apunta hacia la necesidad de utilizar vías distintas a las penales. Y recuerda que en su juzgado de lo social "nunca" ha tenido "un pleito de un gitano, por discriminación". Santiago revela que en Linares (Jaén) se rescindió hace poco el contrato de una casa, que ya estaba contratada, cuando el dueño se dio cuenta de que era un gitano quien iba a habitarla. Lozano, contraria también a la vía penal, señala: "En ese caso sería exigible una indemnización de muchos millones".Fernández se queja de la falta de asesoramiento de los gitanos en las cárceles y de la discriminación que sufren por parte de los jueces, con el resultado de que no logran mejorar su situación. Atribuye estos males a que 'faltan esquemas gitanos en las cárceles; debería estudiarse la lengua y la cultura gitana".

Sáez pregunta si hay algún juez gitano, entre los más de 3.000 que existen. La respuesta es negativa y Bustamante agrega, sonriente: "Con nuestra población de 650.000 gitanos nos corresponderían tres".

"Ciudadano normal"

Otra reclamación es que se supriman de los atestados policiales expresiones como "de raza gitana", "aspecto agitanado" o "de etnia gitana", que discriminan. Lozano cuenta los esfuerzos de un policía que tenía que testificar y que, debidamente asesorado para que no mencionara la palabra gitano, la sustituía por "el ciudadano", hasta que terminó describiendo al que no era gitano con un absurdo "ciudadano normal".

Los juristas gitanos coincidieron en que no todo es bueno en la cultura gitana y que "es preciso",' explicó Fernández, "distinguir entre sus elementos esenciales y algunos usos que pueden estorbar el desarrollo individual".