Querella contra cuatro empresarios por vender aceite industrial cancerígeno
Distribuyeron desde Granollers residuos que debían destruirse
El fiscal de delitos ecológicos de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha presentado en el juzgado número 1 de Granollers una querella por un delito contra la salud pública contra los responsables de cuatro empresas que entre 1988 y 1992 operaron en una nave industrial de Lliçà de Vall (Barcelona). Los empresarios están acusados de comercializar aceites residuales tóxicos que debían destruirse.
En la querella se indica que las, empresas Clipper Oil, Caucior Oil, Printor y Atreka -propiedad de los miembros de una misma familia- aceptaban aceite industrial de desecho,. que contiene PCB (policloruro de bifenil), un producto cancerígeno, y, después de alguna manipulación, lo comercializaban como aceite virgen o reciclado. Las partidas que estaban en muy mal estado eran vertidas al río Tenes a través de un pozo. La normativa europea señala que el PC13 es un producto no reciclable que debe ser destruido por su alta toxicidad.Aunque los aceites no fueron vendidos para el consumo humano, se comercializaron para otros usos en toda España y algunas partidas se exportaron. Al menos una de ellas fue utilizada en Cuba para calefacción, lo que comporta un alto, riesgo para la salud. También los trabajadores que manipularon los aceites corrieron riesgos sin saberlo.
El aceite, procedía, según afirma la fiscalía, de muchas y muy importantes empresas de Cataluña, que también podrían incurrir en responsabilidades por eludir la normativa sobre vertidos tóxicos. Estas empresas se ahorraban el coste de llevar los aceites a las plantas de residuos industriales para su destrucción. Actualmente, el único centro capacitado para eliminar aceite con PCB está en Francia.
La fiscalía ha tenido problemas para conseguir pruebas. Pérez de Gregorio afirma que los responsables de la nave pudieron desprecintar un depósito y verter todo su contenido. Además, tuvieron tiempo de hacer desaparecer documentos. La nave fue precintada hace dos. años a raíz de una denuncia del Ayuntamiento. La investigación posterior ha revelado la gravedad de las irregularidades.
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