Una autoridad especial vigilará para que Europol o abuse con sus datos

La Oficina Europea de Policía, llamada Europol, será estrechamente vigilada por una "autoridad común de control independiente" para evitar que los datos almacenados por este FBI de la Unión Europea vulnere los derechos de las personas. Los ciudadanos fichados o aludidos en su sistema informático y en sus ficheros tendrán un derecho de acceso a sus propios datos, aunque limitado. El convenio de creación de la oficina, sobre el que el Consejo de ministros de Interior de la UE alcanzó un acuerdo anteanoche, deberá ser cuidadosamente, detallado mediante 11 reglamentos de aplicación.

Europol nació en la noche del martes en Luxemburgo, aunque con fórceps: el bloqueo británico se convirtió al final en una cláusula de exclusión u opting out para el Reino Unido. Cuando surja un conflicto entré este país y cualquiera de' los otros 14, no podrá acudirse al Tribunal de Luxemburgo para que lo dirima , salvo acuerdo explícito de Londres, lo que menguará la eficacia de la oficina en su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la gran delincuencia transnacional. Además, algunas reservas menores de los países nórdicos -,que se espera resolver la próxima semana en la cumbre de Cannes- provocan que el acuerdo sobre el convenio de creación de Europol sea aún ámbiguo y muy complejo.Pero el hecho es que Europol inicia su andadura. Y con una preocupación compartida por los Quince de que no se convierta en el gran hermano, el controlador descontrolado. Así, entre los 11 reglamentos de aplicación del convenio por el que se crea la oficina, que deberán redactarse durante la presidencia española de la UE, figuran varios relacionados con la protección de los ciudadanos. Entre ellos, los de protección de datos, régimen de los ficheros compartidos y estatuto de los oficiales de enlace" nacionales, con la cúpula del organismo, radicada en La Haya.

Pero esta preocupación no se ha dejado sólo a los reglamentos. Ya el propio convenio indica que se establecerá una "auto ridad común de control, independiente", para "vigilar" las actividades de la cúpula de Europol, "con el objeto de garantizar que el almacenamiento, el tratamiento y la utilización. de los datos" en su poder "no vulneren los derechos de las perso nas". Dicha autoridad la formarán uno o dos representantes de,cada uno de los Quince, nombrados por cada. Estado

para cinco años.

Datos de condenados

El problema está en el manejo de los datos. En principio, los ordenadores de la oficina sólo incluirán los datos básicos de los condenados por los delitos a los que se enfrentará Europol y de los sospechosos: nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo y rasgos físicos específicos útiles para identificarlos, a los que se añadirán otros. sobre el delito cometido. Pero también habrá un apartado para testigos, perjudicados, intermediarios y personas que puedan ofrecer información.

Todo.ello estará regido por el Convenio del Consejo Europa de 1981 sobre Protección de losciudadanos frente al tratamiento automatizado de datos personales y por las respectivas legislaciones de los países miembros. Y. por un régimen estricto ¿le confidencialidad y responsabilidad de los funcionarios policiales a la hora de alimentaros ordenadores.

Derecho de reclamación

Pero, además, el convenio regula el derecho de acceso, a la información almacenada de lo s ciudadanos afectados por esa información. Para acceder a los datos propios o que les afecten, los ciudadanos deberán solicitarlo primero a $u Gobierno, que lo comunicará a La Haya. La oficina responderá directamente a la solicitud en un plazo máximo de tres meses desde que se tramitó. Y sólo podrá negar el acceso razonando el peligro para la actuación de la propia Europol o para la seguridad de los Estados miembros. Además, Los datos almacenados deberán verificarse y actualizarse en un plazo máximo de tres años.

La posibilidad de que los particulares acudiesen al Tribunal de Luxemburgo, que acaricia Alemania y apoya España, no bloquearía al tribunal, porque podría plantearse inicialmente mediante recurso al juez interno opinó el ministro español Juan Alberto Belloch.