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Los intereses de la deuda pública costarán 4,4 billones en 1996, 700.000 millones más que este año

Jesús Mota

El endeudamiento público amenaza con convertirse en un estrangulamiento financiero muy serio para el Estado en 1996. De acuerdo con los datos conocidos por EL PAÍS, el año próximo los intereses de la deuda subirán aproximadamente 700.000 millones, una cantidad equivalente a más de un punto del PIB, para situar las obligaciones de pago por intereses en unos 4,4 billones. Este recrudecimiento de las cargas financieras confirma el deterioro progresivo de las finanzas públicas españolas en relación con las europeas, revelado por el último Informe del Banco de España.

En el ejercicio económico de 1996 confluirán tres factores que encarecerán considerablemente el servicio de la deuda para el Estado. El primero de ellos es la cuantía esperada del déficit del sector público en 1995, que aumentará aproximadamente el volumen final del endeudamiento en 3,95 billones de pesetas (el 5,9% de 67 billones de PIB previsto). A mayor cantidad corresponderá un pago mayor de intereses. Supuesto un tipo de interés del 10%, el aumento de pagos por esta causa está evaluado en 300.000 millones de pesetas.El segundo factor de encarecimiento es el crecimiento de tipos de la deuda, muy superior a la gestionada en 1994. La subida de tipos de interés tiene consecuencias devastadoras para el endeudamiento del Estado. Cada punto de aumento equivale a encarecer el coste total en aproximadamente 150.000 millones de pesetas. Esta es una de las razones que favorecen la prudencia del Banco de España en las subidas de tipos. Un cálculo general muestra que la subida de tipos encarecerá la factura que tiene que pagar el Estado por intereses de la deuda en 250.000 millones.

El tercer imponderable que dificultará el pago de intereses de la deuda en 1996 es que a finales de este ano y principios del próximo vencerá un volumen importante de emisiones, títulos con vida más corta a los que ha tenido que recurrir el Gobierno como financiación urgente o complementaria. Esta acumulación de vencimientos costará, según los cálculos de analistas privados, en torno a 150.000 millones de pesetas más.

La suma de las cantidades anteriores arrojaría un extracoste aproximado de 700.000 millones de pesetas. Esta cifra ha sido reconocida explícitamente por fuentes del Ministerio de Economía, cuyas primeras evaluaciones -siempre en función de los tipos de interés que se consideren para el año próximo- arrojan un encarecimiento de los intereses entre 400.000 y 600.000 millones de pesetas para el Presupuesto de 1996, según ha sabido EL PAÍS. "Estamos pagando también el paso a una financiación ortodoxa, que ya no está fundamentada en la apelación al Banco de España, como antes, y las continuas dudas sobre la necesidad de un ajuste fiscal drástico", indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Alto riesgo

El caso es que el año próximo la economía española deberá hacer frente a un volumen de intereses de alto riesgo evaluado en unos 4,4 billones de pesetas, equivalente al 5,4% del PIB previsto en 1996. El deterioro de las finanzas públicas ha elevado el peso relativo del servicio de la deuda desde el 1% del PIB que contabilizaba en la década de los 80 hasta más del 5% del PIB que ya se está pagando.

El agravamiento de las obligaciones financieras del Estado para el año próximo coincide precisamente con las exigencias de un ajuste presupuestario significativo que tiene que proponer Economía y Hacienda para mantener el déficit en la senda de la Convergencia con las magnitudes europeas y garantizar el control de la inflación. En términos estrictamente ortodoxos, obligaría a un recorte añadido del gasto público para sumergir el crecimiento de esta macromagnitud presupuestaria por debajo del crecimiento nominal de la economía.

Deterioro

El Banco de España, en su Informe Anual 1994, defiende que, aunque las finanzas públicas en Europa se han deteriorado desde 1990, "el empeoramiento de los desequilibrios presupuestarios ha sido más acentuado en el caso español".

La explicación es que España mantuvo superávits primarios (ingresos públicos menos gastos públicos, sin tener en cuenta las cargas financieras) durante la fase alcista del ciclo económico (1987-1990); pero estos superávits eran muy inferiores a los que registraron los países incluidos en la banda estrecha del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME). En la fase descendente del ciclo, España entró rápidamente en la vía de déficit primario, mientras que los países de referencia mantenían superávits, aunque fueran reduciéndose progresivamente.

Los desequilibrios generados de esta forma se ahondan progresivamente, con un rápido crecimiento de la deuda en circulación y de la carga de intereses. La relación deuda pública/PIB (gráfico adjunto) aumentó 18 puntos en España en el periodo que va desde 1987 a 1994, mientras que en los países del SME (banda estrecha), referencia para la convergencia nominal, creció 10 puntos.

Esta es la explicación de fondo de la estampida de la deuda española en los últimos seis años. El Banco de España precisa textualmente que "la evolución de los últimos anos subraya (...) la necesidad de no desaprovechar la fase alcista del ciclo para realizar los ajustes precisos (sobre todo, en la vertiente del gasto) y disminuir el déficit hasta niveles sostenibles a medio plazo, pues cuanto más se demoren, más drásticas y difíciles habrán de ser las medidas correctoras".

Economía mantiene el ajuste frente a la sugerencia de Pujol

Las muy recientes declaraciones del presidente de Cataluña Jordi Pujol en torno al déficit público causaron una desagradable sorpresa en el ministerio de Economía y Hacienda. Pedro Solbes y su equipo, enfrascados en la durísima tarea de controlar el gasto público para situar el déficit del sector público en el 3% del PIB en 1997, no se esperaban que el responsable autonómico se descolgara sugiriendo un aplazamiento de este objetivo hasta 1999. "El esfuerzo de reducir el déficit público hasta el 3% en 1997 no es asumible socialmente", justificó Pujol.En Economía se teme que la sugerencia de Pujol apoye la tentación siempre presente de aplazar el ajuste presupuestario, que se va practicando de forma intermitente en los últimos cinco años, sin que llegue a concretarse una línea permanente de ajuste. Conviene recordar aquí el análisis del Banco de España sobre el déficit, en este caso el llamado déficit primario (saldo presupuestario excluida la carga de la deuda) y las graves consecuencias que ha tenido para las finanzas públicas del país: "La persistencia de los déficits primarios en el caso español ha conducido a un rápido crecimiento de la deuda en circulación y de la carga de intereses".

En todo caso, la declaración de Pujol sembró el desconcierto en Economía. Las fuentes consultadas aseguran que se mantiene la instrucción presupuestaria de ajuste para el ejercicio de 1 996. En parte, obligado por la exigencia de los intereses de la deuda.

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