La doble vía

EL ESCÁNDALO de las escuchas telefónicas del Cesid sigue desde ayer dos caminos paralelos en los tribunales. Mientras el teniente general Alonso Manglano declara ba durante cuatro horas ante un fiscal de la Audiencia de Madrid sobre las escuchas -quién y por qué había ordenado grabar conversaciones a cientos de ciudadanos-, el coronel Perote comparecía ante un juez militar sobre el robo de las grabaciones y su posterior filtración. Tal duplicidad puede ser discutible, incluso resulta razonable que sea la jurisdicción ordinaria la que termine asumiendo la competencia plena de un caso en el que se han violado derechos fundamentales de las personas, pero viene a corroborar que en el último escándalo que nos ocupa hay al menos dos líneas delictivas que deben ser investigadas. Es lo que hemos sostenido desde el primer día y lo seguiremos haciendo. A despecho de que ello moleste al periódico que reveló la existencia de las escuchas.La detención del coronel Perote, acusado de un supuesto delito de revelación de secretos relacionados con la seguridad del Estado, responde a uno de los dos aspectos del escándalo. Considerarlo banal e irrelevante es propio de personas que se niegan a ver la parte de la realidad que no interesa a sus propósitos .Pero pretender que ése sea el aspecto principal de la cuestión, y no las escuchas ilegales mismas, supondría algo peor: cerrar los ojos a la evidencia.

Precisamente porque es verosímil la hipótesis de que alguien pueda estar traficando con la estabilidad del sistema, al amparo de la debilidad del Gobierno, es necesaria una respuesta de cierta altura. Moral y política. En primer lugar, urge la verdad. Una institución del Estado ha espiado sin causa que lo justifique a cientos o rniles de ciudadanos, violando derechos individuales y normas jurídicas precisas. Seguir mintiendo sobre el origen de las grabaciones o ignorando la certeza de que, puesto que existen, no fueron destruidas, o reducir el problema a la infidelidad de un ex funcionario, no servirá para rebajar la presión que padece el Gobierno, sino para agravar el deterioro de su autoridad.

Un cambio de Gobierno no garantiza la superación de la crisis, pero no hay solución que, no incluya como mínimo la sustitución de los dos ministros que tienen que ver con el asunto: Serra y García Vargas. La eficacia de las dimisiones como forma de asunción de responsabilidades políticas es directamente proporcional a la rapidez con que se producen. Tiene razón el Gobierno en que tanto la oposición como los comentaristas con anteojeras juegan sobre seguro: si no hay ceses ni dimisiones acusarán a González de impasibilidad; si las hay, de arrojar lastre para salvarse él. Pero eso no puede ser una excusa para la parálisis. Al margen de lo que resulte de la investigación judicial, lo que se sabe exige ya una respuesta política. Y por eso mismo habría sido más inteligente que la comparecencia del miércoles en el Congreso corriera a cargo del presidente, y no de Serra, especialmente cuando se sabe que el vicepresidente está en situación de interinidad una vez que la plana mayor de su propio partido ha pedido su relevo.

Habría sido más inteligente, pero el empecinamiento del PP en que o González o nadie resulta exagerado y, sobre todo, refleja una intransigencia que más bien inquieta respecto a su talante cuando sean ellos los que manden. Las declaraciones de Álvarez Cascos a propósito de la detención de Perote, en las que lo único que le interesa es denigrar a González, son de un sectarismo difícil de superar.

Lo mismo cabe decir de los pronunciamientos del diario El Mundo. El coronel Perote parece a punto de ser admitido en un club del que ya son socios, entre otras personas procesadas por graves delitos, Amedo, Domínguez, Roldán y Mario Conde. Considerar que las denuncias contra Perote carecen de crédito por proceder de alguien que ha podido ser responsable de las escuchas ilegales -Alonso Manglano- parece argumento bastante endeble en manos de un periódico que ha basado gran parte de sus revelaciones en testimonios de delincuentes convictos o presuntos. ¿Será que las denuncias de Amedo y Roldán, que han llevado a la cárcel a Sancristóbal y a Vera, entre otros, tienen más valor probatorio por el hecho de haberlas publicado ese periódico?

En cuanto al debate sobre cuál es la jurisdicción competente, se está produciendo cierta confusión interesada. En principio, las escuchas suponen una vulneración de derechos fundamentales, por lo que urge que el ministerio fiscal articule la denuncia correspondiente, que habrá de tramitarse en vía ordinaria. Pero, mientras tanto, es lógica la intervención de la militar si la denuncia presentada contra el coronel Perote es fundada y existen indicios de que es el autor de hechos -sustracción y revelación de datos relacionados con la seguridad o defensa nacionales- que tanto el Código Penal común como el militar tipifican como delitos y que ambos castigan con importantes penas de prisión.

La jurisdicción militar no es una instancia inconstitucional y que actúa con igual falta de garantías que en la época de Franco, como pretenden dar a entender los que han puesto el grito en el cielo por la detención e ingreso de Perote en una prisión militar. La denuncia de Manglano contra su antiguo subordinado está bien presentada ante la jurisdicción militar. No sólo porqué el denunciado tenga la condición de militar -es indiferente a estos efectos que esté en la reserva-, sino porque el delito que le imputa también está incluido en el Código Penal castrense.

Ahora bien: desde el momento en que exista una actuación de la justicia ordinaria, lo conveniente y procesalmente exigible sería que el juez militar se inhibiera a su favor. Si ha habido sustracción de cintas, se ha puesto en manos de terceros este material, se ha mercadeado con él y, finalmente, se ha divulgado es porque, previamente, se ha producido una acumulación de información ilegalmente obtenida mediante la interceptación de comunicaciones telefónicas reservadas. Por eso debe ser la jurisdicción ordinaria la que investigue todo el asunto en su conjunto: las presuntas escuchas ilegales del Cesid, sus secuelas y sus posibles conexiones.