El Estado se ahorrará 153.000 millones de aportaciones a las empresas públicas al liquidar el INI y el INH

El Estado reducirá su aportación a las empresas públicas por valor de 153.000 millones de pesetas en el periodo -1996-1998 al desaparecer el Instituto Nacional de Industria (INI) y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), según dijo ayer el titular de Industria, Juan Manuel Eguiagaray. El ministro, al explicar el real decreto aprobado en el Consejo de, Ministros de ayer, resaltó que se trata de buscar un sector público empresarial más reducido y competitivo.El Gobierno aprobó ayer la creación de la Agencia Industrial que integrará a las empresas en proceso de reconversión o reestructuración, y también creó la sociedad estatal de participaciones industriales, que agrupará a las empresas más rentables cuyos beneficios irán destinados a amortizar la actual deuda del INI que asciende a 70.0.000 millones de pesetas.

A la Agencia Industrial del Estado (AIE) se le adjudica la cartera de titularidad directa del INI (sector naval, minería, siderurgia integral y Santa Bárbara, entre otras) y no se la concede capacidad de endeudamiento. A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se le adjudica el patrimonio del INH, las participaciones de cartera de Repsol y de Teneo y el resto del patrimonio del INI, así como la deuda soportada por este último grupo que asciende a 700.000 millones, de pesetas. Una de las principales obligaciones de SEPI, según dijo el ministro, es la amortización de esa deuda por vía de dividendos, endeudamiento y desinversiones. Eguiagaray dijo que lo lógico es que en seis años esa deuda histórica deje de ser un problema para el grupo.

"Descargar al Tesoro de la obligatoriedad de, amortizar la deuda, alcanzar un sector público más reducido y diversificado y la. desvinculación jurídica de los Presupuestos Generales del Estado de las empresas públicas con, las excepciones que las normas europeas permiten", son los, objetivos básicos de este nuevo modelo del sector público que el Gobierno aprobó ayer y que será efectivo el próximo 31 de julio.

El ministro destacó que la segregación de las empresas en reestructuración de aquéllas que pueden actuar en un mercado libre. de competencia supondrá una serie de ventajas, entre las que destacó la menor aportación del Estado, así como el adelanto de pagos de impuestos a la Hacienda pública que junto con el aumento del mismo, supondrá unos ingresos superiores a los 38.000 millones en el periodo 1999-2000. Además, el ministro destacó que se elimina al Tesoro público la obligación de amortizar la deuda del INI, que deberá ser amortizada con las empresas rentables que ahora se sitúan en SEPI. Las empresas que están actualmente en la Dirección General del Patrimonio, tales como Telefónica, Aldeasa y Tabacalera, entre otras, seguirán dependiendo del Patrimonio del Estado y no, se integrarán en los dos entes públicos que creó ayer el Gobierno por real decreto ley.